La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha culminado esta semana uno de los capítulos más relevantes del conocido caso mascarillas con la detención del ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), su entonces número dos, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, además de su hijo y un técnico municipal. Estas nuevas detenciones se suman a las que ya se practicaron en 2021 y vuelven a activar una investigación que lleva años en marcha.
El origen de todo no está en Andalucía, sino en Cataluña. En 2020, un juzgado de Barcelona inició una macrocausa sobre una red dedicada al tráfico de armas y drogas. En medio de ese proceso —la operación Lúa— apareció un nombre que llamó la atención de los investigadores: Kilian López. A partir del análisis de sus actividades, emergieron dudas sobre varias operaciones de venta de material sanitario durante la pandemia. Eso abriría la puerta al entramado que años después ha estallado en Almería.
La conexión entre ambas piezas quedó clara un año después. En 2021, la UCO detectó que la empresa de López, Azor Corporate Ibérica, había logrado un contrato de dos millones de euros con la Diputación de Almería para adquirir mascarillas, guantes y batas en plena emergencia sanitaria. La compañía no tenía experiencia en el sector y el contrato tramitado por vía de urgencia levantó todas las alarmas. Ese mismo año fueron arrestados López y dos vecinos de Fines: Rodrigo Sánchez —el actual alcalde— y su padre, a quienes se les incautaron 150.000 euros en metálico. También cayó el entonces vicepresidente provincial, Óscar Liria.
Cuatro años después, la investigación ha avanzado hasta la cúpula de la Diputación. Ahora los agentes consideran que todo apunta a un presunto esquema de comisiones ilegales, compras infladas y desvío de fondos. El caso no se limitaría a la venta irregular de material sanitario: las conversaciones intervenidas por la UCO incluyen alusiones a mordidas, adjudicaciones amañadas y pagos encubiertos a empresarios. La compra de mascarillas defectuosas a precios superiores al mercado sería solo una parte del entramado.
Los investigadores manejan además la hipótesis de un sistema de blanqueo muy clásico: coches de alta gama, viviendas y hasta la adquisición de una administración de lotería en Almería habrían servido para lavar el dinero obtenido ilegalmente. Entre los investigados figuran también dos hermanos del expresidente provincial, ambos empresarios agrícolas.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería atribuye a los implicados posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales. El caso podría ampliarse, ya que la Guardia Civil cree que aún hay más contratos y operaciones bajo sospecha que todavía no han salido a la luz.
