La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe clave que podría suponer un punto de inflexión en la trayectoria política de Francina Armengol. Según ha adelantado OkDiario, el documento, que se presentará en breve ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, analiza con detalle la adquisición de mascarillas defectuosas durante la pandemia por parte del Gobierno balear, cuando Armengol presidía la comunidad autónoma.
El foco de la investigación se sitúa en la compra de 1,4 millones de mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión SL, por un importe de 3,7 millones de euros. Aunque el material fue entregado, jamás se utilizó: los análisis encargados en junio de 2020 certificaron que no cumplía con los estándares de calidad exigidos. Sin embargo, el visto bueno oficial no llegó hasta agosto, cuando ya se conocía la inutilidad del producto.
El caso, integrado dentro de la macrocausa conocida como trama Koldo, se trasladó a la Audiencia Nacional tras un pronunciamiento del Tribunal Supremo que consideró a este órgano judicial como competente. La Fiscalía Europea, que inicialmente había asumido el expediente por implicar fondos comunitarios, lo remitió al juzgado de Moreno el pasado febrero.
En paralelo, el mismo entorno político de Armengol está siendo investigado por otra operación: la adjudicación de un contrato de 10,4 millones de euros para levantar una residencia en Son Dureta. La constructora beneficiada, Levantina Ingeniería y Construcción, está vinculada a empresarios también salpicados por el caso Koldo.
Las pesquisas de la UCO revelan una serie de anomalías difíciles de justificar. Una de las más graves es que el Ejecutivo balear transfirió los 3,7 millones a Soluciones de Gestión sin que existiera contrato formalizado, fiándose de una simple llamada telefónica. La empresa en cuestión jamás había trabajado con el Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) y estaba conectada directamente con el entorno de Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos.
Aunque Armengol ha asegurado públicamente que no tuvo conocimiento directo de la operación y que, como presidenta, no participaba en los procesos de contratación, los investigadores han recuperado mensajes intercambiados entre ella y Koldo que ponen en duda esa afirmación. En uno de esos mensajes, el exasesor le suplica que se reúna con empresarios vinculados a la trama. Ella responde que tiene compromisos institucionales, pero no niega conocerlos.
El papel del IB-Salut fue igualmente cuestionado. La inacción prolongada del organismo quedó patente cuando, tras años de silencio, el Gobierno balear no inició hasta julio de 2023 —coincidiendo con la recta final de la legislatura— los trámites para intentar recuperar el dinero invertido en las mascarillas inservibles. La demora de tres años refuerza la tesis de una gestión negligente o incluso encubridora.
En abril del año pasado, agentes de la Guardia Civil permanecieron durante horas en la sede de IB-Salut en Palma, incautando documentación crucial. Fruto de ese registro surgieron pruebas que podrían agravar la situación jurídica de la actual presidenta del Congreso. El informe de la UCO, el primero que la señala directamente, podría hacerse público en cuestión de días.
En marzo de 2024, la Fiscalía Europea anunció que investigaría posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias relacionados con las contrataciones sanitarias durante la crisis del covid-19 tanto en Baleares como en Canarias. Este nuevo capítulo añade más presión sobre Armengol, ya señalada como una figura relevante dentro de una red de corrupción que ha provocado ya detenciones de alto perfil, como la de Santos Cerdán.
