Más problemas para el FC Barcelona por el caso Negreira. Mientras la Fiscalía Anticorrupción y la juez siguen recabando información sobre este turbio asunto relativo a la presunta compra de árbitros –se asegura que el sumario sería ya de más de 1.800 páginas–, la UEFA ha anunciado la apertura de una investigación al club azulgrana para dirimir la «posible violación de la normativa» del organismo europeo al haber pagado 7,3 millones de euros a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), durante 17 años, entre 2001 y 2018.
La UEFA estudiará el caso con detenimiento y, con la ley en la mano, tiene la potestad de vetar al Barça en las competiciones europeas aunque logre su clasificación a través de la Liga española. Así, el artículo 4.02 de las Regulaciones de la Liga de Campeones, que emana del 50.3 de los Estatutos de la UEFA, señala lo siguiente: «Si la UEFA concluye que un club ha estado directa o indirectamente involucrado en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, declarará que dicho club no podrá participar en la competición. Al tomar su decisión, la UEFA puede confiar, pero no está obligada a hacerlo, en la decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, un tribunal de arbitral o un tribunal estatal».
La investigación abierta por la UEFA al Barcelona establece tres escenarios que pasamos a desgranar:
1. Archivo de la investigación. Sería el escenario ideal para los intereses del club, aunque podría darse la circunstancia de que la UEFA esperara a que se cerrara el procedimiento penal abierto en España antes de adoptar una decisión.
2. Expediente disciplinario. Cuando acabe la Liga –todo apunta a que el Barça será campeón–, el club deberá presentar la documentación ante la UEFA para su admisión en la próxima Liga de Campeones, donde debe hacer constar si ha estado implicado directa o indirectamente en fraude deportivo. En ese caso, podría ser la Comisión de Apelación de la UEFA la que decida al respecto y en el caso de sanción (por una temporada) el Barcelona podría recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
La sanción que podría recibir el Barcelona podría ser deportiva –exclusión de las competiciones europeas–, económica o ambas. En todo caso, quedar fuera de Europa supondría un perjuicio económico muy grave para las arcas del club: de hecho, esta temporada, en la que ni siquiera se ha clasificado para octavos de final, el Barcelona ha ingresado más de 70,5 millones de euros.
3. Esperar a la conclusión del procedimiento penal. Esta posibilidad dilataría mucho tiempo el proceso, pues se especula que la investigación podría durar dos años.
En el seno del club existe un precedente, el caso Barçagate, que vio la luz en febrero de 2020. Se trata de la supuesta trama difamatoria que urdió la directiva de Josep Maria Bartomeu a través de las redes sociales contra opositores y algunos jugadores, contratando a una empresa externa a la que se le pagó seis veces por encima del valor de mercado. La instrucción del citado caso, que tendría que haberse cerrado el 29 de enero de 2023, se ha prorrogado en cuatro ocasiones, la última hasta finales de julio de 2023.
La UEFA ha dado así el primer paso contra el Barcelona por el caso Negreira: el organismo europeo está en permanente contacto con la Federación Española de Fútbol (RFEF), que también se ha personado como acusación particular en la causa junto con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y LaLiga con el apoyo de todos los clubes, salvo lógicamente el Barcelona.
En España la Ley del Deporte establece que las infracciones muy graves prescriben a los tres años. Es decir, el club no podría bajar a Segunda División ni sufrir la pérdida de puntos en la Liga española por el caso Negreira, a diferencia de lo que ocurrió en 2006 en Italia, donde la Juventus de Turín fue descendida desposeída de dos scudettos (2005 y 2006) por un caso de amaño de partidos conocido como Calciopoli o Moggigate.
Eso a nivel deportivo porque la cosa cambia desde un punto de vista penal. Así, en la denuncia contra el Barcelona y cinco personas físicas –Enríquez Negreira, los expresidentes del club Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y los exdirectivos culés Albert Soler y Óscar Grau– se recogen los delitos de corrupción continuada entre particulares en el ámbito deportivo (la pena prevista es de seis meses a cuatro años de prisión, inhabilitación y multa), administración desleal (de seis meses a tres años de cárcel) y falsedad en documento mercantil (de seis meses a tres años).
