El separatismo no sólo tiene en común su odio a España, sino un elemento blanqueado en los últimos años: su vocación terrorista. Todo separatismo antiespañol ha creado un grupo terrorista. Resistencia Galega en Galicia, ETA en el País Vasco y Terra Lliure en Cataluña han sido el brazo armado de un nacionalismo que recogía las nueces en los parlamentos mientras su facción encapuchada agitaba el árbol con el tiro en la nuca.
Incluso en Canarias el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario sembró el terror en las islas. Aunque de su existencia apenas se escribe, su legado de sangre no fue menor: un muerto e indirectamente 583 más y 61 heridos por la catástrofe aérea del aeropuerto de Los Rodeos en 1977, pues —como acreditó el Tribunal Supremo en 2014— el accidente fue consecuencia de la bomba colocada por el MPAIAC, banda fundada por Antonio Cubillo.
Es evidente que de haberse tratado de grupos terroristas de extrema derecha el PSOE jamás hubiera tenido las mismas contemplaciones que con todos ellos. Al contrario, Zapatero se erigió en arquitecto del proceso de blanqueo que convirtió a Otegui en «hombre de paz» y al brazo político, Bildu, en un partido más hasta el punto de estar hoy en la dirección del Estado. Casi 20 años después del inicio de la rendición del Estado, ni Zapatero ni Rajoy ni Sánchez han querido sacar a la luz las actas de la negociación PSOE-ETA.
Ese idilio, como sostiene el historiador Pío Moa, se debe a que ambos comparten ideología: antifranquismo y socialismo. Nada explica mejor este proceso de incorporación de ETA a las instituciones que la ley de memoria histórica que deslegitima la Transición, la monarquía salida de ella y el bando nacional de la guerra civil. La resurrección de las dos Españas y la condena de una de ellas —con penas de cárcel incluidas en la nueva ley de memoria democrática para quien rebata las tesis oficiales— es la forma en que Zapatero ha convertido al terrorismo en actor político del bloque que manda en España.
Logrado el marco que identifica la democracia con el Frente Popular de 1936, es más fácil digerir un Gobierno con el PSOE, la extrema izquierda, ETA y el separatismo golpista. La otra consecuencia es la aceleración del proceso de abandono del Estado en regiones como Cataluña, País Vasco o Galicia, donde la hostilidad contra España es cada vez más frecuente. Un ejemplo: si el año pasado el grupo separatista ‘Mocidade pola Independencia’ quemó una bandera de España en la víspera del día de Santiago, este año -y por primera vez- el himno de España no sonó el día de Padrón en Santiago de Compostela, un acto de hermanamiento incluido en la programación de las fiestas del apóstol.
Para comprender el idilio que el separatismo y la extrema izquierda mantienen con el terrorismo hay que mirar, sobre todo, al PSOE, el pegamento de toda la operación. La historia criminal de los socialistas está fuera de duda y quizá por eso se oculta en los libros de texto. Nadie puede rebatir que el PSOE promovió un golpe de Estado en octubre de 1934 contra el Gobierno conservador de la II República.
Tampoco que el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, amenazara de muerte a Antonio Maura en el Congreso: «Los elementos proletarios hemos llegado al extremo de considerar que antes que su señoría suba al poder debemos ir hasta el atentado personal». O que el propio Iglesias dejara esta perla: «Estaremos en la legalidad mientras la legalidad nos permita adquirir lo que necesitamos; fuera de la legalidad cuando ella no nos permita alcanzar sus aspiraciones». Dos semanas después Maura sufriría un atentado con pistola a manos del joven socialista Manuel Posa, que casi acaba con su vida.
Menos aún aparece en los manuales de Historia de los estudiantes españoles que la izquierda (socialista, anarquista o separatista) asesinó a cinco presidentes del Gobierno en apenas 100 años: a Prim en 1870, a Cánovas del Castillo en 1897, a Canalejas en 1912, a Eduardo Dato en 1921 y a Carrero Blanco en 1973.
Casi 100 años después las cosas apenas han cambiado. La agencia de la Unión Europea para la cooperación policial, Europol, publicó hace poco su informe anual sobre terrorismo y violencia política relativo a 2022. El año pasado los países miembros de la UE reportaron 28 ataques terroristas, 12 frustrados a tiempo. La mayoría de esos atentados (18) los cometió la extrema izquierda o anarquista, que se cebaron especialmente con Italia (8), Grecia (3), Bélgica (1) y España (1). Además, el terrorismo de extrema izquierda aumentó en 2022 en comparación con 2021, cuando sólo un país europeo informó de un ataque de tal naturaleza.
Mientras el discurso oficial sostiene que la violencia no es el camino, que es ilegítimo lograr cualquier fin a través de la fuerza, es decir, que abandonada la violencia, el fin —pongamos la disolución de España- es plenamente legítimo, el separatismo -en su versión encorbatada o con pasamontañas— ha avanzado de manera notable. El caso vasco es la mayor demostración de la rentabilidad de la violencia, ya que ocupa 52 de los 75 escaños del parlamento regional. Con Bildu en las instituciones el secesionismo vasco jamás ha tenido tanta fuerza.
Frente al «libertad, libertad, sin ira libertad» y las manos pintadas de blanco de las manifestaciones contra ETA, la realidad es que la violencia ha tenido recompensa. Entre 60.000 y 200.000 personas han huido del País Vasco —según recoge el Proyecto Retorno del Instituto Vasco de Criminología— por la coacción ejercida por la pinza ETA-PNV durante décadas. Esta violencia política empleada de manera sistemática y prolongada contra el enemigo, por más que el discurso oficial sostenga lo contrario, es rentable para quien la emplea, mas no para quien la sufre.
