Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —a través de sus Servicios de Inteligencia e Información— han intensificado la vigilancia sobre perfiles altamente radicalizados en los últimos meses, sobre todo tras el conflicto entre Hamas e Israel. El último trimestre del pasado año cerró con más de 50 detenciones y este tipo de operaciones aumentó más de un 60% en el último año, pasando de las 46 datadas en 2022 a un total de 78.
Según los datos aportados por el Ministerio del Interior, durante el año pasado se llevaron a cabo un total de 35 operaciones contra el yihadismo, lejos de las 27 ejecutadas en 2022. Pero si algo ha cambiado es el número de radicalizados detenidos en cada operativo, cuestión que ha hecho que dicha cifra se haya disparado hasta las 78, datos nunca vistos desde el año 2005, cuando se llevaron a cabo más de 90 detenciones motivadas por el cerco sobre el terrorismo islamista tras los atentados del 11-M en Madrid.
La relación entre la inmigración ilegal y la amenaza yihadista
La relación entre la inmigración ilegal y el terrorismo yihadista ha ido cobrando fuerza en los últimos años, principalmente después de que en abril del año 2020 se detectara en España la presencia de Abdel Bari, uno de los Foreign Terrorist Fighters-FTF de DAESH más buscados de Europa. Se ocultaba en Almería y, según revelaron las investigaciones, accedió a la provincia andaluza a través de la ruta argelina y en una embarcación rápida procedente de la zona de Orán.
El mismo año también se detectaron en territorio español tres yihadistas, dos libios y un marroquí, que habían llegado hasta Barcelona con intención de preparar atentados de forma inminente. Los tres presuntos terroristas accedieron a España a través de la ruta Argelia–Almería.
También a lo largo del 2020, dos yihadistas alineados con Al Qaeda —y de nacionalidad marroquí— fueron detenidos en Melilla y Mogán (Gran Canaria). Eran seguidores de la corriente Takfir, la misma de la célula que atentó en Cataluña en 2017. Ambos se sirvieron también de la inmigración ilegal para entrar en territorio español sin ser detectados.
El saldo de radicalizados que ha guardado relación directa con la inmigración ilegal se ha disparado en los últimos cuatro años hasta superar la veintena. Incluido Yassine Kanjaa, el autor del atentado de Algeciras, que accedió a territorio español sirviéndose de las rutas de la inmigración de El Estrecho.
Más del 60% de las detenciones se practicaron en el Mediterráneo
Tomando el mapa de calor proporcionado por el Ministerio del Interior, se puede también comprobar que la mayoría de detenciones practicadas en los últimos 12 años han tenido lugar en provincias bañadas por el mar Mediterráneo, incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Más del 60% de los detenidos —352 de 570— se encontraban en provincias y ciudades del litoral.
En esta línea, fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) confirman a LA GACETA que esta circunstancia se debe principalmente a «la inmigración ilegal» y que «en gran medida» las detenciones practicadas sobre zonas como Ceuta, Melilla, Málaga, Almería, Murcia, Alicante o Islas Baleares se deben a «la entrada de radicales a través de la inmigración ilegal». Sólo las provincias mencionadas acumulan el 30% —167 de 570— de las detenciones llevadas a cabo en los últimos 12 años.
Procesos de radicalización dentro del «circuito mena«
Una cuestión que preocupa a los diferentes Servicios de Información e Inteligencia es el proceso de radicalización que se está emergiendo sobre menores de edad y, en cierta medida, sobre los menores extranjeros no acompañados. En esta línea en los últimos meses se ha incrementado la vigilancia sobre este tipo de perfiles debido a que los procesos de radicalización dentro del «circuito mena» han «aumentado en el último año».
Un ejemplo reciente es el Centro para Menas de Hortaleza (Madrid), donde en el último año se han registrado varias denuncias por parte la dirección relacionadas con procesos de radicalización islamista. La más reciente tuvo lugar hace pocas semanas debido a que tres menas estaban consumiendo contenido violento vinculado al DAESH y esto motivó que estuvieran durante un periodo «muy agresivos» y la intervención de la Policía Nacional.
