Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acumulan más de 240 incidentes en operaciones contra el narcotráfico desde la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, aprobado en 2018 tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. El plan se ha extendido a todas las provincias de la costa andaluza y Sevilla, en un intento de contener el avance de las redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.
El último episodio se ha producido este viernes con la muerte de dos guardias civiles tras colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo durante una persecución a una narcolancha frente a la costa de Huelva. Otros dos agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en una operación desarrollada a unas 80 millas del litoral.
La tragedia vuelve a situar en primer plano la precariedad de la lucha contra el narco en el sur de España. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil llevan años alertando de los riesgos que asumen los agentes en operativos marítimos contra organizaciones cada vez más violentas, mejor equipadas y con enorme capacidad logística. Tras el accidente de Huelva, la AUGC ha denunciado que la Administración tenía las advertencias «sobre la mesa» y las ignoró.
El antecedente más grave se produjo el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, en Cádiz, cuando dos guardias civiles murieron arrollados por una narcolancha que se había refugiado del temporal. Aquel suceso provocó una oleada de indignación entre los agentes y reabrió el debate sobre la falta de medios materiales, humanos y jurídicos para afrontar a las mafias del narcotráfico.
Desde 2018, el Plan Especial de Seguridad ha permitido desarrollar más de 47.800 operaciones policiales, con la incautación de 2,2 millones de kilos de droga, el 85% de ellos hachís. También se han intervenido 3.100 armas de fuego, más de 2.000 embarcaciones y unos dos millones de litros de gasolina utilizados por las redes criminales.
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno reconoció que entre 2018 y noviembre de 2025 se habían registrado 244 incidentes contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante actuaciones frente a grupos o redes criminales. El Ejecutivo no precisó la gravedad de esos incidentes, pero la cifra confirma la dimensión del desafío al que se enfrentan los agentes en el litoral andaluz.
El plan ha sido renovado en 2026 con una dotación de 38,2 millones de euros para las mismas seis provincias andaluzas en las que ya opera. Interior sostiene que desde 2018 la inversión acumulada supera los 75,5 millones de euros y que las plantillas policiales afectadas han aumentado más de un 14%, hasta alcanzar 26.262 agentes entre policías nacionales y guardias civiles, sin contar efectivos desplegados en comisión de servicios.
Pese a estas cifras, los sindicatos y asociaciones profesionales insisten en que los medios siguen siendo insuficientes frente a organizaciones criminales que disponen de embarcaciones de gran potencia, armamento y estructuras logísticas consolidadas. Reclaman además el reconocimiento de la profesión de riesgo, una reivindicación histórica que el Ministerio del Interior comenzó a estudiar el pasado 24 de abril mediante una mesa técnica.
