La Fiscalía se ha querellado contra el expresidente Puigdemont y el resto del Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y ha dirigido una segunda querella al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.
A continuación analizamos los puntos que según la Fiscalía avalan la persecución de presuntos delitos, el total de querellados y las medidas cautelares a las que se enfrentan:
Los 20 querellados
Las querellas presentadas por la Fiscalía afectan a una veintena de dirigentes del proceso separatista. Catorce de ellos eran miembros del Govern de la Generalitat, incluido Santi Vila, quien dimitió antes de que se votara la DUI. Esta querella se ha presentado ante la Audiencia Nacional al haber perdido todos ellos el aforamiento tras ser cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.; el exvicepresidente y exconsejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras; el exconsejero de Presidencia, Jordi Turull; el exconsejero de Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionales y Transparencia Raül Romeva; el exconsejero de Salud, Antoni Comín; el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa; la exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs; la exconsejera de Enseñanza, Clara Ponsatí; el exconsejero de Interior, Joaquim Forn; el exconsejero de Cultura, Lluís Puig; el exconsejero de Justicia, Carles Mundó; el exconsejero de Empresa y Conocimiento y anteriormente de Cultura, Santiago Vila; y la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.
La otra querella ha sido presentada ante el Supremo ya que los denunciados son miembros de la Diputación Permanente y por lo tanto aforados, salvo el diputado de CSQEP, Josep Joan Nuet, que no forma parte de dicho organismo.
Los querellados son la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el exvicepresidente de la Mesa y desde julio de este año presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Lluís María Corominas; el vicepresidente primero del Parlament desde julio de 2017, Lluis Guinó; la secretaria primera del Parlament, Anna Simó; la secretaria cuarta, Ramona Barrufet; y el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet.
La comparativa con el 23F
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El delito de rebelión conlleva penas de cárcel de hasta 30 años y el Código Penal exige que quienes lo comentan lo hagan violenta y públicamente. Mucho se ha dicho estos días si procede tal acusación y la Fiscalía expone en sus querellas que la violencia que conlleve la rebelión »no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”, siendo estos casos agravantes del tipo delictivo.
Alude el ministerio público a la sentencia del golpe de Estado del 23F como jurisprudencia aplicable al caso. Entonces el Tribunal Supremo estimó que la rebelión se puede llevar a cabo “de modo incruento” [sin derramamiento de sangre].
La Fiscalía cita expresamente la sentencia del Supremo del 22 de abril de 1983 respecto al golpe del 23-F para justificar que lo que “se proyecta y conviene como incruento, se torna violento y belicoso tan pronto se ofrece resistencia u oposición a los planes de los rebeldes, los cuales nunca pueden aseverar -dado que el futuro no se puede predecir por los humanos- que su alzamiento, con toda seguridad, será incruento, sin víctimas y sin derramamiento de sangre”.
El potencial uso de la fuerza y el control de los Mossos
La Fiscalía considera que la declaración de independencia y la asunción en «exclusiva» por parte de Puigdemont del mando de los Mossos d’Esquadra «supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña».
«La declaración de independencia impulsada por los querellados lleva ontológicamente anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña», precisa la querella.
Para el Ministerio Público, es evidente que la estrategia de la Generalitat, «basada en la movilización de la sociedad, parte de una actuación por parte de los Mossos comprometida con la línea de actuación diseñada desde el Govern».
Recuerda que ya en 2014 el denominado Consell Assessor per a la Transició Nacional (CANT), en su Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, señalaba como «problema a resolver a medio o largo plazo» la forma de organizar «los efectivos de defensa, o, por decirlo claramente, la opción por la creación o no de un ejército».
Como propuesta, presentaba dos «grandes» alternativas: la primera se refería a ampliar las funciones de los Mossos, lo que implicaría una militarización parcial del Cuerpo y la creación de una Guardia Nacional, con funciones de seguridad, de gestión de emergencias o de defensa, coordinada con los demás cuerpos de seguridad.
La creación de un Ejército
La segunda alternativa era la de optar por la creación de un ejército que, «dadas las nuevas condiciones, podría ser muy diferente de los existentes hasta finales del siglo XX».
«La Generalitat plasmaba así la necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el proceso independentista, en particular por lo que se refiere a la policía autonómica», insiste la Fiscalía.
Para la Fiscalía, «esto no suponía descartar para un futuro la creación de un ejército» y a este respecto recuerda lo que respondió Puigdemont el pasado 29 de agosto en una conexión a través de Facebook Live, a preguntas que le hicieron llegar los ciudadanos.
A varias preguntas que hacían referencia a si Cataluña ha de tener ejército en caso de secesión, Puigdemont respondió: «Los ejércitos y la política de defensa son absolutamente indispensables» o «No hemos de tener complejos, hemos de tener una política de defensa moderna, democrática y homologable a la de las naciones aliadas», destaca la querella.
Respecto a la posible utilización de la policía catalana a favor de la independencia, la Fiscalía incluye también lo que dijo el exconsejero de Interior Joaquim Forn, uno de los querellados y «máximo responsable de dicha fuerza policial», cuando el pasado 11 de octubre fue preguntado en un medio de comunicación sobre si podría producirse un enfrentamiento entre Mossos y Policía Nacional y Guardia Civil.
Forn respondió al respecto: «Si hi ha bona voluntat i s’accepta la nova realitat política, no hi haurà cap col·lisió entre policies» (si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías)».
Los actos violentos y la falsa resistencia pacífica
Los miembros destituidos del Govern catalán eran «plenamente conscientes» de que la «muchedumbre» que acudió a votar el 1-O «iba a protagonizar, como así ocurrió, actos de violencia material y física», afirma la Fiscalía en la querella presentada hoy contra ellos ante la Audiencia Nacional.
En la querella por rebelión, sedición y malversación contra el expresidente Carles Puigdemont y todos sus consejeros, la Fiscalía hace un relato pormenorizado de hechos presuntamente delictivos protagonizados por los representantes políticos catalanes en los últimos años, incluida la jornada del referéndum ilegal de autodeterminación.
Según el escrito, ese día los querellados «eran plenamente conscientes de que los sectores independentistas de la población por ellos movilizados, una vez hubieran ocupado los centros de votación y sus alrededores, quedaban sin ningún tipo de control».
«Sabían que estaban incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial y para que, en definitiva, no pudiera prevalecer el imperio de la ley», indica el escrito, que añade que eran «conscientes y asumían que esa misma muchedumbre iba a protagonizar también, como así ocurrió, actos de violencia material y física para la consecución de ese fin primario de celebrar el referéndum».
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«La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas, de la ‘resistencia pacífica’ -añade la querella- no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes».
De esta manera, agrega que «los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada».
Acto seguido, la querella detalla situaciones de violencia que se vivieron en centros de todas las provincias catalanas. En Barcelona, relata lo ocurrido en la escuela Ramón Llull, donde se produjo un herido grave en un ojo por un disparo de pelota de goma.
La ‘imposición violenta de su objetivo’
La Fiscalía acusa de rebelión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de JxS y CSQP en la Mesa por dar una «falsa apariencia de legalidad» al proceso secesionista y tramitar leyes como la del referéndum, que «solo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada».
Según la Fiscalía, los miembros de la Mesa querellados actuaron en un «concierto de voluntades» con el Govern para llegar a la declaración formal de independencia, obtenida «por la fuerza de los hechos consumados y por la imposición violenta de su objetivo frente a las resoluciones de las autoridades judiciales y las fuerzas del orden público» y en contra de la Constitución y «los fundamentos del Estado Español».
Respecto a los miembros de la Mesa, la querella se centra en su decisión de acordar admitir a trámite las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica (en el pleno del 6-7 de septiembre) y la resolución de independencia que se aprobó el pasado viernes 24 de octubre, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional y los informes contrarios de los servicios jurídicos de la cámara.
El miembro podemita de la Mesa que no está aforado
Se da el caso de que la Fiscalía acusa a Joan Juspe Nuet de votar a favor de la admisión a trámite de la ley del referéndum, de la de transitoriedad jurídica y de la resolución de declaración de independencia, si bien el diputado de CSQP asegura que votó a favor de que el pleno votara la ley del referéndum, pero se abstuvo en la tramitación de la transitoriedad y en contra de la de independencia.
Nuet, que a diferencia de los otros querellados no es aforado -porque tras la disolución del Parlament no forma parte de la Diputación Permanente de la cámara catalana-, se mantiene en la querella porque la Fiscalía entiende que ha actuado «en unidad de acción» con el resto de acusados.
Descartada la inviolabilidad
El ministerio público rechaza que los querellados puedan escudarse en el «privilegio de la inviolabilidad» parlamentaria, porque este principio protege la libertad de expresión cuando se contribuye a conformar la voluntad de la cámara, pero no supone un «privilegio personal que los inmunice de responsabilidad por actos manifiestamente ilegales ejecutados al margen o en contra del propio sistema parlamentario».
Según la Fiscalía, los querellados «desbordaron claramente los estrechos márgenes» del principio de inviolabilidad con las decisiones que adoptaron para «poner en práctica el designio secesionista».
Medidas cautelares, detención y fianza millonaria
Las querellas presentadas por la Fiscalía solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su «inmediata detención».
El fiscal pide la citación para valorar la adopción de medidas cautelares contra la veintena de querellados.
Considera el Ministerio Público que la urgencia de las citaciones tiene en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, «la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas».
La Fiscalía reclama a su vez a los jueces de la Audiencia y del Tribunal Supremo que impongan una fianza a los acusados de un total de 6,2 millones de euros para cubrir las responsabilidades civiles a las que podrían ser condenados.
Se trata de la cantidad que, según el Tribunal Constitucional, podría haberse destinado a sufragar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La Fiscalía ya reclamó esa cifra en las querellas que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), si bien la medida no se acordó.
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El golpismo contra las cuerdas: Rebelión, sedición y malversación
