El pacto entre PSOE y Junts ha despejado de obstáculos el camino hacia la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, aunque ha desatado el rechazo frontal de la oposición y del Poder Judicial que consideran que acepta condiciones que ponen en riesgo la democracia. Especialmente la aceptación del término lawfare, que se utiliza en el mundo anglosajón para denunciar la persecución judicial a políticos por sus ideas.
El texto recoge este punto de la siguiente manera: «En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
El rechazo a la medida fue inmediato por parte del Poder Judicial, y a las pocas horas todas las asociaciones judiciales —incluida la prosocialistas Jueces y Juezas para la Democracia— emitieron un comunicado conjunto expresando su malestar.
El PSOE se vio obligado a reaccionar y envió una aclaración en la que señalaron que las referencias al ‘lawfare’ se circunscriben únicamente a las comisiones de investigación parlamentarias sobre la ‘Operación Kitchen’ y ‘Pegasus’, dos casos en los que hubo espionaje a independentistas. Pretendían dejar claro que no se va a inmiscuir en el terreno de la Justicia ni se van a revisar sentencias.
Sin embargo, en el acuerdo queda claro que se reconoce persecución a los separatistas. Un hecho que recuerda a la manera del fallecido dictador venezolano Hugo Chávez en su día y actualmente de su sucesor al frente del régimen narcochavista, Nicolás Maduro. Ambos denunciaron supuesta persecución de los jueces y eliminaron a los magistrados y fiscales que les eran incómodos.
Maduro, de hecho, llegó a aprobar el pasado año una ley de reforma del sistema judicial que redujo los magistrados del Tribunal Supremo para que permanecieran solamente los elegidos por su Gobierno. Algo muy parecido a lo que ha venido haciendo el PSOE en los últimos años con la colocación de fiscales afines en puestos clave —hay que recordar que Dolores Delgado pasó de ser directamente ministra de Justicia a Fiscal General—, y con la elección de jueces con una larga trayectoria ligada a su partido como Cándido Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional.
Este reconocimiento del lawfare, también permitirá a los políticos depurar responsabilidades entre los juristas, por un procedimiento que también exigen los golpistas catalanes para exigir responsabilidades civiles y criminal a jueces y fiscales cuando dicten resoluciones que vayan contra sus intereses políticos.
