Quedan declarados en rebeldía según el artículo 842 de la ley procesal y su causa quedará en otra pieza separada mientras no se pongan a disposición del juez.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha terminado la instrucción de la causa del procés y ha declarado en rebeldía a los procesados que se encuentran huidos, incluido el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que serán investigados en otra pieza separada.
El juez ha acordado la conclusión del sumario de la causa del procés respecto de los procesados no fugados, a quienes da quince días para su comparecencia en el tribunal competente para enjuiciarlos en el Supremo.
Respecto a los que están huidos de la justicia ( Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel) los declara en rebeldía y, tal y como contempla el artículo 842 de la ley procesal, se suspende el curso de la causa respecto a ellos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez. Es decir, como se preveía ante la huida de siete de los procesados, la causa del «procés» no se solventará en un solo juicio.
El fin de la instrucción afecta a 18 de los 25 procesados, como el exvicepresident Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, y los dirigentes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos ellos procesados por delito de rebelión y la mayor parte de ellos por malversación.
Por desobediencia, están procesados los que eran miembros de la Mesa del Parlament (Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet), además de Mireia Boya y exconsellers como Meritxell Borrás, Carles Mundó, Santi Vila, también implicados en la malversación.
Los no presos, suspendidos de cargo público
Llarena ha comunicado además a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania, todo ellos procesados por rebelión.
Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado «con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes», aquel procesado que ostente un cargo público quedará «automáticamente suspendido» en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Puigdemont, pero no así al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.
Sin más pruebas
El juez ha decidido cerrar el sumario y rechazar la práctica de nuevas pruebas que habían solicitado varias de las defensas y la acusación que ejerce VOX porque las considera innecesarias al estimar que son redundantes con otras ya realizadas o que no permiten esclarecer hechos que influyan en la tipificación de los hechos o en la participación de los implicados. Por ello, y ante «la necesaria celeridad que impone la prisión preventiva de algunos de los procesados», ha acordado el fin de la instrucción.
Entre otras pruebas, rechaza la declaración como testigos de Artur Mas y Neus Lloveras, o la de el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero o del número dos de Junqueras en el Govern, Josep María Jové.
Tampoco acepta incluir las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona sobre la actuación policial durante el 1-O, pues argumenta que, con independencia de que ese comportamiento pueda tener alcance penal en otro procedimiento, «carece de capacidad para modificar la calificación y responsabilidad por rebelión, sedición, malversación o desobediencia» que se investiga en el Tribunal Supremo.
Ni admite la petición de Puigdemont de reiterar todas las pruebas realizadas hasta que fue detenido el 25 de marzo en Alemania y pasó a formar parte del procedimiento, pues tiene a su disposición todas las diligencias y ha podido pedir las aclaraciones concretas o nuevas diligencias que considerara oportunas.
Ahora, cierra la instrucción y con ello su competencia sobre la causa y remite a la sala de enjuiciamiento del Supremo todos los recursos que quedan pendientes de resolución o la decisión sobre los que puedan presentarse ahora.
La causa respecto a los procesados huidos queda en suspenso sin perjuicio de las actuaciones que puedan realizarse en el futuro para concluir el procedimiento, con lo que el juez mantendrá a su disposición las piezas.
