Tras la lectura de las cuestiones previas el juicio se reanudará el próximo 9 de enero.
El exinterventor de la Junta Manuel Gómez ha insistido en el juicio de la pieza política del caso ERE, en el que está procesado junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en que «no omitió» su deber de control y alertó en «numerosos informes» de irregularidades administrativas.
En su escrito de defensa, leído en la tercera sesión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, Gómez mantiene que «plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas» en el sistema de concesión de ayudas públicas y «los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas», por lo que «no omitió, en el cumplimiento de sus funciones como interventor, acción alguna impuesta por ley».
El exinterventor se enfrenta a ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
Para él, es «incongruente» basar la acusación contra una veintena de exdirigentes el Gobierno andaluz en la creación y mantenimiento de un procedimiento específico para dar las ayudas a sabiendas de su irregularidad y que a la vez se le acuse «de connivencia con los autores materiales de la malversación», a quienes alertó de las irregularidades del sistema».
Los expresidentes socialistas Chaves y Griñán y los exconsejeros procesados basan sus defensas, leídas este jueves, en que el sistema por el que entre 2001 y 2011 se concedieron 854 millones de euros en ayudas sociolaborales no era ilegal, y así lo avalan los órganos de control, entre ellos la Intervención, que no emitió informe de actuación para paralizar su concesión ni contra las modificaciones presupuestarias aprobadas para hacer frente a esos gastos.
Manuel Gómez defiende que, pese a que hizo constar que era «inadecuado» que pagara las ayudas la agencia pública IFA/IDEA con dinero de la Consejería de Empleo mediante transferencias de financiación, sus informes eran favorables por la «corrección procedimental» seguida en el pago de las mismas, para lo cual las modificaciones presupuestarias eran incluso aprobadas por el Pleno del Parlamento.
La defensa de Gómez se ha preguntado «qué resolución en concreto debió dictar o qué informe vinculante debió emitir y no hizo pese a venir obligado a ello» y ha criticado la «vaguedad» e «imprecisión» de la acusación contra él.
Como ocurrió ayer, son varios los escritos de defensa leídos hoy que han arremetido contra la Fiscalía y las acusaciones populares del PP-A y Manos Limpias y han apuntado a su «base errónea» sobre «conjeturas» e «hipótesis».
Con la lectura de los escritos de defensa de 10 acusados (otros tres han renunciado a hacerlo, entre ellos el letrado del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que carece de tal escrito por «estrategia procesal»), ha concluido a las 14.30 horas la tercera sesión del juicio, que, pese a la propuesta del tribunal de habilitar nuevas sesiones la próxima semana, no se reanudará hasta el 9 de enero como estaba previsto.
Después de que en la primera sesión, el pasado miércoles, el magistrado presidente de la Sección primera de la Audiencia de Sevilla, Juan Antonio Calle, permitiera a la Fiscalía y a la acusación popular del PP leer sus escritos de acusación, las defensas optaron por pedir leer también sus conclusiones provisionales, remitidas hace un año cuando se abrió juicio oral.
Así, la lectura de todos los escritos ha consumido los tres días de juicio fijados inicialmente para plantear las cuestiones previas, que las partes piden al tribunal dilucidar antes de que comiencen los interrogatorios de los acusados y testigos y peritos, que en este caso ascienden a 22 -afrontan entre dos y diez años de prisión- y más de un centenar, respectivamente.
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