El martes por la tarde, el Consejo General del Poder Judicial nombró por fin a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les correspondía elegir y que tenía bloqueada la renovación del tribunal: María Luisa Segoviano y César Tolosa.
Una vez que CGPJ y el Gobierno han presentado los nombres de los candidatos a sustituir a los cuatro magistrados del TC ―el Ejecutivo de Sánchez había optado por el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez― cuyo mandato debía haber finalizado el 12 de junio, empieza el proceso interno para que se lleve a cabo su renovación parcial.
Ahora que los cuatro nombres están sobre la mesa, se activa el proceso legal que conducirá a su toma de posesión. El primer paso es que el Pleno del tribunal se reúna para verificar los requisitos que deben cumplir los cuatro candidatos. Después de ello, jurarán o prometerán el cargo ante el Rey Felipe VI, a quien compete nombrarlos, para un periodo de nueve años. Concluido este acto protocolario, ya podrán tomar posesión en el TC.
Mayoría progresista
Con el ingreso de estos nuevos magistrados cambia el tablero de mayorías en el órgano: la mayoría del tribunal se inclina, con las nuevas llegadas, hacia el ala progresista. Los nuevos magistrados entran para reemplazar al presidente del TC, Pedro González-Trevijano (del bloque conservador); su vicepresidente, Juan Antonio Xiol (progresista); y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares (ambos conservadores).
De los nuevos, Tolosa es supuestamente conservador, mientras que Segoviano y, por supuesto, los dos candidatos gubernamentales, son progresistas. En resumen: salen tres conservadores y un progresista y entran tres progresistas y un conservador.
Hasta ahora, en el tribunal figuraban seis magistrados del llamado bloque conservador y cinco del llamado progresista. El nuevo escenario cambiará para favorecer al ala progresista, que conseguirá reunir siete magistrados. Los conservadores se quedarán con cuatro, a la espera de que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el cargo por motivos de salud. La ley estipula que su plaza se cubra de la misma forma en la que se designó al magistrado que se sustituye y por el tiempo que le restase; es decir, a través del Senado. Con lo cual, lo más probable es que este candidato, que era conservador, sea sustituido por otro de su cuerda, y que el tribunal quede constituido con siete progresistas y cinco conservadores.
Qué tendrá que decidir un TC de mayoría progresista
Una vez que ingresen los nuevos magistrados, el tribunal deberá elegir a los nuevos presidente y vicepresidente del órgano constitucional. Tras esta decisión corporativa, el tribunal habrá de resolver importantes asuntos, como los recursos contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas o la ley del aborto.
El TC deberá dar respuesta a los recursos presentados por VOX y PP contra las dos reformas operadas en los últimos años sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La primera, de marzo de 2021, que prohibió a un CGPJ con mandatos prorrogados hacer nombramientos en los altos tribunales, mientras que la segunda, del pasado julio, devolvió al Consejo su poder para designar a sus dos candidatos al TC.
A final de este año, el PP y VOX recurrieron también dos enmiendas incorporadas en la proposición de ley que deroga el delito de sedición y reforma el de malversación, por las que se rebajaba la mayoría con la que el CGPJ elige a sus dos aspirantes al TC y se eliminaban las barreras para que los dos candidatos del Gobierno pudiesen tomar posesión sin esperar a los dos del Consejo.
El Constitucional, tras dos Plenos extraordinarios en apenas una semana, admitió a trámite el recurso del PP y las medidas cautelarísimas que incluía, suspendiendo la tramitación parlamentaria de ambas enmiendas, lo que supuso excluirlas de la propuesta legislativa, que finalmente quedó aprobada sin ellas el pasado 22 de diciembre.
El recurso de los de Santiago Abascal, aún pendiente de que se admita o no a trámite, es mucho más amplio que el presentado por los populares, porque se dirige, no solo contra esas dos enmiendas, sino contra el conjunto de la proposición de ley, por su forma de tramitación parlamentaria, exprés y sin informes de los órganos consultivos ―CGPJ, Consejo Fiscal, Consejo de Estado―.
Unos de los recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por VOX, el PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado popular, que se sumó supuestamente por error a los síes.
El TC también ha admitido, pero no resuelto, las impugnaciones del Gobierno madrileño del PP y de VOX contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados, respectivamente, en inmuebles de administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o transportes.
El Constitucional tiene igualmente sobre la mesa los recursos contra la ley catalana que sortea la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reafirma la obligación de que al menos el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano.
En el plano social también hay varias decisiones pendientes. El TC admitió los recursos del PP y VOX contra la ley que regula la eutanasia. A la espera de la decisión del TC, la formación de Abascal alegó que la ley es inconstitucional porque el Estado tiene como «primera obligación» defender la vida, no puede convertirse «en cómplice de la muerte», mientras que el PP expuso que, con «125.000 fallecidos por coronavirus», en junio de 2021 no era el «mejor momento para abordar» este tema.
También se aguarda la respuesta del Constitucional al recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso implantar un sistema de plazos, al que después se ha sumado un recurso de VOX contra la ley que penaliza el tratar de convencer a las mujeres que acuden a las clínicas a que no acaben con la vida de sus hijos.
Asimismo, sigue pendiente la respuesta a la impugnación de VOX contra la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Los de Santiago Abascal reprochan que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban «educación afectivo sexual», una medida que «incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos».
Tampoco hay resolución sobre los recursos admitidos de VOX y PP contra la nueva ley de Educación, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá, llamada así por la exministra, actual embajadora de España ante la Santa Sede.
Por otro lado, el Constitucional todavía debe resolver los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo y contra la pérdida del escaño. La Fiscalía se ha mostrado a favor de concederle el amparo por esto último, pero no por la condena.
