Montoro defiende un Cupo Vasco que los expertos llaman 'arte de magia'

Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El pleno del Congreso ha aprobado de forma exprés la reforma de la ley del concierto económico vasco que ‘regala’ 250 millones de euros a la Comunidad.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido el concierto económico y el cupo vasco -aprobado este jueves en el Congreso- y ha subrayado que representan la pluralidad de España, al tiempo que ha urgido a los partidos políticos, especialmente al PSOE, a sentarse a negociar ya la reforma de la financiación autonómica.
Montoro ha subido a la tribuna del Congreso para explicar el proyecto de ley de modificación de la Ley del Concierto Económico y el de la nueva metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2017-2021, de 1.300 millones de euros.
Unas normas, ha agregado, que están amarradas por la Constitución y el Estatuto vasco y que cuentan con un «amplísimo» respaldo de la ciudadanía, tanto en Euskadi como en el conjunto de España.
Una defensa del Cupo que contrasta con la opinión, difundida por el diario El Mundo, del asesor del Gobierno Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y una eminencia en financiación autonómica.
A pesar de ser, según el diario, «el principal experto al que recurre el actual Gobierno para calcular las llamadas balanzas fiscales», asegura que «las diputaciones vascas deberían pagar mucho más al Estado». «Sólo siguiendo los propios cálculos del Gobierno, más del doble», afirma.
«Lo que está en la Constitución, y hay que aceptar mientras ésta no se cambie, es el sistema de Concierto, pero el problema más importante no es el Concierto sino el cálculo del Cupo y el ajuste a consumo del IVA. En la Constitución no se dice que las diputaciones vascas tengan un derecho histórico a hacer mal las cuentas», llega a afirmar.

Las críticas de Rivera

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha censurado el concierto económico y el cupo vasco, que ha calificado de «cuponazo» y «amaño político». Ha asegurado que no estaba discutiendo de la existencia del concierto ni la foralidad, sino de cómo se calcula el cupo, cómo se gestiona y cómo se llegar a acuerdos para decidir la aportación. «Y este es el problema, que no es del concierto, sino del cuponazo, que no responde a un cálculo técnico sino a un amaño político», ha sentenciado.
Según Rivera, el concierto y el cupo no garantizan la solidaridad y la igualdad entre españoles, sino que inciden en la insolidaridad territorial, y son un «fraude» a la Constitución, que reconoce la foralidad, pero que en su artículo 138 habla de que ninguna comunidad puede tener ningún privilegio económico y social.
Además, ha criticado la inoportunidad de llevar ahora estas leyes cuando también está pendiente de reforma la financiación de las comunidades de régimen común. «¿Por qué no es urgente pensar en las otras comunidades y sólo es urgente pensar en el acuerdo con el País Vasco?», se ha preguntado Rivera, que ha afirmado que la segunda comunidad en renta per cápita como es Euskadi no sólo no aporta al resto de autonomías sino que es «receptora neta del resto de comunidades», es «subvencionada» en casi un 30 por ciento, lo que ha calificado de «injusticia».
Incluso, según Rivera, el acuerdo es más «injusto» y más «insolidario» que el que alcanzó en 2008 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, muy criticado entonces por el PP.
«No vamos a hacer pagar a los españoles sus amaños políticos con los nacionalistas», ha incidido Ribera, en cuya opinión los «nacionalistas» catalanes no van a votar en contra del cupo vasco porque quieren para Cataluña «otro cuponazo». «Como buenos supremacistas, les gustan también los privilegios».
Un compañero de partido, Toni Cantó, lo ha resumido con ironía en Twitter:


 

‘Arte de magia’

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, experto en financiación autonómica, ha censurado la nueva Ley del Cupo. Ha considerado, en declaraciones al diario El Mundo, que las diputaciones vascas deberían pagar mucho más al Estado. Sólo siguiendo los propios cálculos del Gobierno, más del doble, aunque prefiere no proponer cifras concretas. También critica la falta de consistencia de los números que figuran en la norma, porque aparecen «mágicamente».
«Esta ley, al igual que las anteriores, infravalora lo que las diputaciones vascas tendrían que pagar al Estado y por tanto perpetúa el perjuicio al Estado», dice. Asimismo, denuncia los argumentos esgrimidos por el PNV, PP y PSOE para aprobar el cupo. «Lo que está en la Constitución, y hay que aceptar mientras ésta no se cambie, es el sistema de Concierto, pero el problema más importante no es el Concierto sino el cálculo del Cupo y el ajuste a consumo del IVA. En la Constitución no se dice que las diputaciones vascas tengan un derecho histórico a hacer mal las cuentas», asevera.

¿Qué es el cupo vasco?

El cupo es la contribución que tiene que pagar el País Vasco a las arcas estatales para sufragar las competencias que el Estado presta en beneficio de los residentes en esa región y que no han sido transferidas (Defensa, Exteriores o la Corona…).
Esta aportación se calcula de acuerdo al peso del Producto Interior Bruto (PIB) del País Vasco en el del conjunto de España que se sitúa en torno al 6,24 por ciento. Según explicó en mayo el consejero de Hacienda vasco, ha quedado fijado en 1.300 millones de euros, pero a esta cantidad le hay que descontar las políticas activas de empleo, con lo que queda en 956 millones.
El Concierto es el sistema de financiación propio del País Vasco, en virtud del cual se establecen y regulan las relaciones financieras y tributarias entre aquél y el Estado. Si en las comunidades autónomas del régimen común la Agencia Tributaria es la encargada de recaudar la mayoría de los impuestos, y luego parte de esta recaudación es repartida entre las comunidades; en el País Vasco son las propias diputaciones forales las que recaudan los tributos y luego el Gobierno autonómico hace una transferencia al Gobierno central para sufragar los gastos de las competencias no transferida
Cabe señalar que surge tras la abolición foral, después de la finalización de la II Guerra Carlista a finales del siglo XIX, como sistema de contribución de las provincias vascas a las finanzas del España.
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