El Real Decreto 916/2025 del Gobierno, publicado el 14 de octubre, anula la validez de los acuerdos verbales en el entorno agrario y marca el fin de una práctica que durante siglos fue el pilar de la confianza en el campo español. Desde ahora, cualquier cesión, arrendamiento o uso de tierras deberá formalizarse por escrito, incluso cuando no exista contraprestación económica, según avanza OkDiario.
La medida, impulsada por el Ministerio de Agricultura, pretende reforzar el control sobre el uso de las parcelas y evitar posibles fraudes en la declaración de terrenos dentro de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, para miles de agricultores, sobre todo en zonas rurales despobladas, supone un golpe directo a una forma de vida basada en la palabra dada.
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) critican duramente la decisión. «El BOE ha borrado de un plumazo una tradición centenaria que funcionaba», denuncian. A su juicio, el decreto ignora la realidad de los minifundios, de las tierras marginales y de los pueblos donde ni siquiera hay notarios cerca. «En muchos casos, las parcelas pertenecen a propietarios fallecidos, de los que nadie conoce a los herederos. Aun así, los vecinos seguían cultivando y cuidando esos terrenos para evitar que se abandonaran», explica Andoni García, responsable de Organización de COAG.
La organización agraria alerta de que la nueva norma tendrá un impacto directo en el acceso a las ayudas europeas. Para solicitar la ayuda básica a la renta, los productores deberán acreditar documentalmente el uso de cada parcela. Eso significa que miles de explotaciones, muchas de ellas de tamaño reducido, podrían quedarse fuera si no pueden demostrar legalmente la cesión de los terrenos que trabajan.
Durante generaciones, la economía rural española se sostuvo sobre acuerdos de palabra. Bastaba un apretón de manos para que un agricultor sembrara en una finca ajena o para que un ganadero usara un pasto a cambio de mantenerlo limpio. A veces se intercambiaban favores, otras veces productos o parte de la cosecha. En muchos pueblos, ni siquiera se hablaba de dinero: el trato se basaba en la confianza mutua y en el compromiso de cumplir lo pactado.
COAG reconoce que la Administración busca frenar prácticas fraudulentas detectadas en algunos casos aislados. En 2023, por ejemplo, se investigó en Castilla y León a una treintena de personas que habrían declarado parcelas sin autorización de sus propietarios para beneficiarse de la PAC. Hasta ahora, los dueños podían comunicar qué tierras no debían incluirse en esas solicitudes. Con el nuevo decreto, esa opción desaparece, y todo acuerdo deberá pasar por la vía formal.
Los agricultores piden que se introduzcan mecanismos de flexibilidad que permitan mantener el uso productivo de las pequeñas fincas. «Convertir cada parcela en un contrato legal cuesta más de lo que produce. Y en muchos casos, esa burocracia es sencillamente imposible de cumplir», advierte COAG.
En buena parte de la España vacía, donde las relaciones personales han sustituido históricamente a los papeles, la norma se percibe como una desconexión total entre el campo y los despachos. «Nos obligan a convertir en documentos lo que antes bastaba con cumplir», lamentan los agricultores.
