Carles Puigdemont se ha convertido de la noche a la mañana en una pieza clave para el futuro político de España. Tras estar casi seis años huido de la Justicia española en Bélgica por el golpe de Estado que perpetró junto a otros separatistas en el año 2017, el eurodiputado y líder de facto de Junts tiene en su mano investir o no a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El expresidente catalán es consciente de que sus siete diputados en el Congreso son vitales para que se reedite el Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas y ya ha puesto precio a ese apoyo.
La ley de amnistía es una de las principales reivindicaciones del expresidente catalán, algo que le beneficiaría dado que si se aprueba podría volver a España sin cuentas pendientes con la Justicia por el golpe de Estado separatista que realizó en el año 2017. Además, los delitos asociados a ese golpe como es, entre otros, el de malversación de caudales públicos quedaría en suspenso.
También se pusieron encima de la mesa otras reivindicaciones como el reconocimiento de Cataluña como una nación, pero una de las más novedosas y que ha pasado desapercibida es el traspaso de las competencias para gestionar la inmigración en la región.
Puigdemont apuntó que Cataluña es la región de España con una mayor tasa de inmigración y que, por tanto, debería ser la generalidad catalana y no el Gobierno de la nación quien gestionase el control migratorio.
Esta propuesta no es casual y parece un guiño a los catalanes que sufren día tras día las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, especialmente en las áreas metropolitanas, como por ejemplo Barcelona. La ciudad condal es permanentemente noticia por robos, agresiones y apuñalamientos por parte de inmigrantes, especialmente magrebíes y subsaharianos.
La estrategia del expresidente catalán con ese traspaso de competencias podría ser similar a la que ya han puesto en marcha los independentistas flamencos, que acusan al Estado belga de las consecuencias que la inmigración ha tenido en la región por no ponerle freno, y la utilizan para confrontar con el Ejecutivo.
Lo que parecen olvidar Puigdemont y los miembros de Junts es que fue el expresidente catalán y antiguo líder de CiU, Jordi Pujol, el que fomentó e importó de manera incesante la inmigración a Cataluña, especialmente la procedente de países de Magreb y el África subsahariana, en detrimento de la procedente de la Iberosfera para así imponerles el catalán en detrimento del español.
Estas políticas no cesaron con la salida de Pujol del poder, sino que se acrecentaron con los tripartitos de izquierdas primero y con el Gobierno de Artur Más después, en los que el propio Carles Puigdemont fue diputado en el parlamento de Cataluña y, por tanto, votó a favor de dichas medidas como fue el caso del Plan Marruecos.
Incluso con Puigdemont en la generalidad de Cataluña, estos planes y privilegios a los extranjeros frente a los españoles no cesaron, lo que favoreció que las inmigrantes que entraban en España se afincasen en la región catalana.
Ahora, el prófugo pretende olvidar las consecuencias de las políticas que fomentó y aplicó su anterior partido (CiU) en materia de inmigración para así intentar culpar al Estado español de la delincuencia y violencia que especialmente magrebíes y subsaharianos perpetran en las ciudades catalanas.
