El pleno del Senado aprobó el miércoles 17 de mayo el texto definitivo del proyecto de ley de vivienda y lo publica el BOE este jueves 25, a punto para las elecciones locales. Entre las imposiciones de la ley están las siguientes:
- Aumento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante 2024
- Prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato
- En nuevos contratos a nuevos inquilinos, limitación del alquiler a la renta del contrato anterior
- Soluciones habitacionales para los desahucios y, mientras llegan, ampliación de los plazos de suspensión de los lanzamientos
- Autorización de un recargo del IBI de hasta un 150% a las viviendas vacías durante dos años
El programa del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos incluía la elaboración de una ley de vivienda, que se ha ido retrasando hasta 2023. La sospecha de su cercana aprobación, junto con las medidas ya aprobadas en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y en 2020 por el de Sánchez para impedir los desahucios de personas en «situación de vulnerabilidad» (sin prestar atención a la vulnerabilidad de los propietarios, a los que se les sigue cobrando impuestos), ha llevado a una disminución de la oferta de viviendas en alquiler.
Como explica Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, su empresa no está interesada en comprar vivienda para alquilar debido a la inseguridad jurídica, y añade que la medida más afectiva para bajar los precios es la introducción de más unidades en el mercado, sean privadas o públicas. Sin embargo, en estos años las Administraciones controladas por el PSOE, Podemos, Bildu o ERC no han fomentado la construcción de viviendas. Como ya hemos escrito, estamos ante una ley que no quiere abaratar el acceso a la vivienda, sino eliminar la propiedad privada.
Dos modelos de vivienda enfrentados
Los primeros efectos de la ley consisten en una retirada de miles de viviendas del mercado del alquiler y su puesta a la venta o transformación en pisos turísticos, como constatan las agencias inmobiliarias. A menor oferta de alquiler, habrá mayor aumento de los precios. Además, las grandes operaciones del mercado inmobiliario se encuentran paralizadas desde hace meses, con lo que eso afecta a la inversión extranjera, el empleo y hasta la recaudación tributaria. Hay notarías donde no se mueve un solo papel relacionado con compraventas de solares e inmuebles.
Después de las elecciones, los ayuntamientos de izquierdas dirigidos por el sector más ideologizado y contrario a la propiedad privada y hasta el orden público, como tantos catalanes y baleares, tratarán de aplicar todas las medidas que concede la ley a las Administraciones para hacer bajar los alquileres e impedir los desahucios de los morosos: subidas del IBI a los pisos vacíos, determinación de las zonas tensionadas, elaboración de censos, inspecciones…
En cambio, es de esperar que otras comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por partidos no alineados con la izquierda y el separatismo aprovechen las amplias competencias que la ley concede a las Administraciones y que fue exigencia de los separatistas Bildu y ERC, para no gravar este mercado. La compra de vivienda cotidiana o de verano puede acabar dependiendo de la competencia fiscal entre comunidades.
Así se avanza en la federalización de España y en la división entre los ciudadanos en función de su lugar de residencia. Como la eliminación de los impuestos de sucesiones y de patrimonio en varias regiones ha causado la domiciliación en ellas de ciudadanos avecindados en otras; un desplazamiento que no está al alcance de las familias pobres.
La ley nacional es una copia de la vigente en Cataluña que el anterior Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Las acciones de una Generalidad sediciosa y un ayuntamiento de extrema izquierda alguna relación tendrán con que Barcelona sea la capital de provincia española donde más caro es el alquiler y más sube; por encima de la liberal Madrid. Que los actos de las Administraciones tengan consecuencias contrarias a los deseos de los políticos no parece que introduzca sensatez ni en éstos ni en sus votantes.
El (nefasto) ejemplo de Barcelona
El Círculo de Economía ha lamentado el declive económico de Cataluña, que se muestra en la caída de la renta per cápita, la huida de grandes empresas, el deterioro de los servicios públicos y la hostilidad contra lo privado. Pero cientos de miles de catalanes, incluso de clase alta, están encantados con esta situación, tal como se deduce de su voto.
De acuerdo con la estrategia de Rodríguez Zapatero y de Irene Montero de incluir la palabra derecho en todas las normas, la que estamos comentando se llama oficialmente Ley por el derecho a la vivienda. El mayor crecimiento del parque de viviendas en propiedad se dio entre los años 50 y 70, pero no se hablaba de derecho a la vivienda, sino de la obligación del Estado de ofrecer un techo a los ciudadanos, mediante la construcción de millones de unidades.
La realidad es que, con esta ley, la propiedad de una vivienda en España se va a convertir en privilegio. Igual que los vuelos en avión o el empleo fijo.
