Pilar Esquinas, presidenta de Aguaiuris, organización que tiene como objetivo una mejor gestión social y medioambiental del agua, ha denunciado el proceso de derribo de infraestructuras hídricas en España —presas y azudes— en los últimos años «para quitar todos los derechos históricos de uso de agua».
La cuestión del agua divide a los partidos políticos en una batalla que se da entre quienes consideran que no debe haber trasvases ni interconexión de cuencas, y quienes creen que se debe legislar para conservar y ampliar las infraestructuras hídricas, y reiteran que el agua debe llegar a cada pueblo y rincón de España.
El Gobierno niega que se estén destruyendo presas, pero la realidad es que se han demolido —o se mantiene en proceso de demolición— más de una decena de grandes e importantes presas en la última década. En 2013 se llevaron a cabo las obras de demolición de la presa de Retuerta, en el río Aravalle, ubicada en el término municipal de Umbrías (Ávila). La infraestructura tenía aproximadamente 14 metros de altura y 55 de longitud. Un año más tarde se derribó la presa de Robledo de Chavela (Madrid), en el río Cofio, con 22,7 metros de altura y construida a finales de la década de los 60. En 2014 se inició el derribo de la presa de Inturia, con 12 metros de altura y 60 metros de longitud, en el río Leitzaran, en Elduain (Guipúzcoa).
En 2018 comenzaron las obras para el derribo de la presa de Yecla de Yeltes (Salamanca) sobre el río Huebra. Fue construida en 1958 para suministrar agua potable al pueblo de Vitigudino. En 2020 se emprendió la voladura de la presa de La Alberca (Cenicientos), una destrucción que contó con la oposición frontal de los vecinos de la localidad madrileña. La presa de Artikutza, en el río Enobieta, en Goizueta (Navarra), pero propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián—, será derribada dentro de un proyecto europeo «para la mejora ecológica de la red fluvial».
El año pasado la Audiencia Nacional validó la orden de demolición adoptada en el año 2019 por el Ministerio de Transición Ecológica de la presa de Pé de Viña (construida en 1907), en el río Eo y ubicada entre los municipios lugueses de Trabada y el asturiano de San Tirso de Abres. Asimismo, se inició el proceso para derribar la presa de San Facundo, en Torre del Bierzo (León); Augas de Galicia, dependiente de la Xunta, recomendó la demolición de la presa Ponte do Inferno, en el río Verdugo; y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó la demolición de la presa Hozseca, en el río del mismo nombre que discurre por el Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara).
Además, asociaciones vecinales, los ayuntamientos afectados, entidades como la propia Aguaiuris y formaciones políticas como VOX rechazan el derribo de la presa de Los Toranes, situada en el término municipal de Albentosa (Teruel), y de la presa de Valdecaballeros (Badajoz). «Es intolerable que se sigan las instrucciones de los lobbies ecologistas radicales que imperan en Bruselas… y que arruinan a nuestro sector primario», reiteran.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez inició la pasada semana, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Transición Ecológica, el desmantelamiento de la presa de La Muña, en Navafría (Segovia), derribando parte del muro y liberando gran cantidad de cienos y de limos.
