La tercera reunión de la «mesa de negociación» entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña ha durado una hora y 45 minutos y se ha cerrado con una nueva cesión a los separatistas: el reconocimiento pleno por parte del Ejecutivo central de su política lingüística, en especial en lo que afecta al sistema educativo, lo que supone dar por enterrada la sentencia que obliga a la escuela catalana a impartir al menos un 25 por ciento de las clases en castellano.
En concreto, reconoce la ley de protección de la lengua catalana aprobada por el Parlament con un 80% de consenso y señala que el Gobierno aprueba que cada centro educativo tenga autonomía para reforzar la lengua que considere más oportuna, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que pide garantizar que el 25% de las clases se den en castellano.
«El catalán es una lengua española y, por tanto, existe una obligación de impulso para el Gobierno central. Se fortalecerá su impulso en la escuela y se reafirma el compromiso del pleno dominio del catalán y el castellano al acabar los estudios», ha señalado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al encuentro. Además, se reconoce la autonomía de los centros educativos a programar su política lingüística adecuándola a las necesidades de su alumnado.
La mesa también ha pactado la «desjudicialización de la política» para sustituirla por «el acuerdo entre diferentes». Esto comprende tres principios: la actividad política e institucional debe llevarse a cabo en el marco legal vigente; se renuncia a acciones que saquen la política fuera del juego democrático y todos los acuerdos que se alcancen deben ser representativos de la mayoría de la sociedad catalana.
Sobre la posibilidad de reformar el delito de sedición que solicita la Generalitat catalana Bolaños ha insistido en que no existe en estos momentos la mayoría parlamentaria «transversal y amplia» que el Gobierno cree necesaria para ello y ha asegurado que este asunto no se ha tratado en la reunión de hoy.
