El Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional rectifique el criterio de la sala segunda del Tribunal Supremo, que decidió este lunes que el delito de malversación relacionado con el golpe separatista no es amnistiable.
Se espera que esta cuestión se resuelva mediante el recurso presentado por los propios afectados ante la corte de garantías. Desde el PSOE comentan: «Vamos a ver qué estrategia de defensa van a seguir los afectados» y cuáles serán los «efectos políticos».
Desde hace semanas esta parece ser la estrategia del PSOE, según fuentes consultadas por The Objective. La corrección que el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido está haciendo sobre la sentencia de los ERE de Andalucía sienta jurisprudencia para obligar al Supremo a perdonar la malversación a los independentistas condenados, si estos presentan recurso.
Desde el Gobierno han denunciado las «maniobras políticas» del presidente de la sala segunda, el magistrado Manuel Marchena, de quien esperaban que planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto habría levantado las medidas cautelares y, por lo tanto, las órdenes de detención contra el expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. La decisión de la sala segunda llevó al juez instructor Pablo Llarena a mantener las órdenes de detención mencionadas.
El Ejecutivo buscaba que el Constitucional se pronunciara con urgencia para fijar un criterio antes de que el TJUE resolviera sobre el fondo de la cuestión, lo cual suele tomar un año y diez meses según fuentes jurídicas consultadas por el citado diario. Sin embargo, la ausencia del recurso del PP obliga a los independentistas a recurrir para forzar un pronunciamiento del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido. Por ello, fuentes de Ferraz instaron este lunes al PP a actuar ante la corte de garantías, si es que tienen dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía: «No se ha presentado ni un sólo recurso de inconstitucionalidad. Si Feijoo cree que lo es, está tardando».
En cuanto al fondo de la cuestión, el Gobierno y el Partido Socialista coinciden en que el artículo 1.4 de la ley de amnistía es «clarísimo» respecto a la malversación: «No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados b) y c) cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no ha tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial». En Moncloa y Ferraz argumentan que no hay enriquecimiento personal de los líderes del golpe separatista, subrayando que la Fiscalía Europea no intervino en el procedimiento porque «nunca entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE». Fuentes gubernamentales insisten en que es falso que haya habido enriquecimiento personal, ya que la ejecución del referéndum se realizó por la administración de la Generalidad de Cataluña, lo que le confería «legitimidad».
