El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, visitaron Mauritania el pasado mes de febrero y prometieron a su presidente, Mohamed Ould Ghazouani, más de 510 millones de euros en los próximos años para gastar en su país.
Sánchez firmó con Ghazouani un nuevo Acuerdo Marco Bilateral que prevé 60 millones de euros para proyectos de desarrollo durante los próximos cuatro años. Además, el socialista español anunció «proyectos de cooperación financiera por un monto de 50 millones de euros en los próximos cinco años».
La mayor partida prometida por Sánchez en ese viaje consistió en «hasta 200 millones de euros para proyectos de viabilidad, financiación de proyectos específicos y seguros de créditos, con un énfasis específico en proyectos verdes y en inversiones en energías renovables».
Algo menos generosa, Von der Leyen anunció un paquete de 210 millones de euros para la gestión migratoria, la ayuda humanitaria y «oportunidades para la juventud» (sic), que Bruselas iría entregando este año y los siguientes.
En total, esa visita en febrero concluyó con un mínimo de 510 millones de euros de transferencia para un país cuya población no alcanza los cinco millones. Es decir, más de 100 euros por habitante, niños incluidos, cuando el salario medio anual de los mauritanos es de 390 euros. Así que una familia con cinco hijos, como los que tiene el presidente Ghazouani y su mujer, podría cobrar más de 700 euros. ¿Sería más efectivo dar ese dinero directamente a los mauritanos?
A Senegal, otro de los países africanos que visitará Sánchez, esta semana, el Gobierno de izquierdas española ya transfiere unos 27 millones de euros anuales bajo las pantallas de cooperación, cambio climático, ayuda al desarrollo y capacitación de la juventud. Como debe de ser poco dinero, en junio pasado, el ministro José Luis Albares anunció en Dakar el aumento de la partida a 180 millones de euros en los cuatro próximos años.
La excusa para semejante derroche es la lucha contra la inmigración ilegal, contra los barcos que zarpan de la costa mauritana con cientos de nacionales y extranjeros cuyo destino es las Canarias, mediante la recogida de las embarcaciones de las mafias por Salvamento Marítimo español. Más de 100.000 personas han accedido ilegalmente a Europa a través de Canarias desde 2020.
Sin embargo, no es Mauritania el primer país emisor de este tipo de inmigración irregular, ni tampoco lo son Senegal y Gambia, más al sur todavía, sino Marruecos. El territorio del Sáhara Occidental, ocupado en su mayor parte por Marruecos, está a unos cien kilómetros de las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura. Y son marroquíes más de la mitad de los inmigrantes ilegales que llegan a España, a pesar de los acuerdos que Sánchez ha pactado con el sultán Mohamed.
El predecesor de Mohamed Ould Ghazouani, Mohamed Uld Abdelaziz, también general, fue condenado en diciembre de 2023 a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; sus propiedades fueron confiscadas. Éste es el país al que Madrid y Bruselas están dando cientos de millones de euros de los contribuyentes.
Para los europeos y, en concreto, para los españoles es una incógnita cómo se está gastando ese dinero, ya que parece que el gobierno mauritano no está cumpliendo sus compromisos: a qué ONG se abona, qué ministerios lo reciben, cuáles son los proyectos financiados, qué empresas españolas se benefician de ellos.
