En los momentos en que se publican informaciones sobre los (presuntos) casos de corrupción que afectan a su familia y a su partido, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha anunciado sus planes para acabar con «los tabloides digitales que difunden bulos» (La Vanguardia, 16-6-2024).
El poder no soporta los medios de comunicación que no controla, sobre todo cuanto más despótico es. En octubre de 2020, Twitter, Facebook y otras redes sociales tumbaron las cuentas del periódico New York Post, porque informaba del contenido del ordenador portátil de Hunter Biden, hijo del entonces candidato demócrata a presidente de EEUU. Y en Polonia, en diciembre pasado, el Gobierno liberal envió a la Policía a cerrar un canal de televisión.
El régimen franquista se empeñó en cerrar el diario Madrid, por sus informaciones y, sobre todo, opiniones. En 1968, el Consejo de Ministros le aplicó un cierre por cuatro meses de duración. El Gobierno socialista de Felipe González decidió eliminar el diario El Alcázar mediante la no concesión de publicidad institucional, ni de subvenciones y la cancelación injustificada de las suscripciones del diario en empresas públicas. El periódico cerró en 1987. Años más tarde, en 1994, por culpa de González, el Estado español fue condenado por el Tribunal Supremo a pagar unos 3.000 millones de pesetas a la empresa Dyrsa, editora de la cabecera.
En 2007, un juez de la Audiencia Nacional ordenó el secuestro del semanario El Jueves por una portada considerada ofensiva para los entonces príncipes de Asturias. Entonces, los humoristas y periodistas de izquierdas defendieron la libertad de expresión, aunque ofendiera a algunos por encumbrados que estuvieran. Y durante la epidemia de COVID, el Gobierno de Sánchez arremetió contra quienes criticasen sus acciones. La ministra Isabel Celáa dijo: «No podemos permitir que haya mensajes negativos». Otro socialista, Alfonso Gómez Celis, encima vicepresidente del Congreso, señaló estas palabras: «En esta pandemia tenemos que desechar a los que señalan con el dedo los errores».
La tradición censora del PSOE
En la persecución de la prensa y del derecho a informar y a recibir información (art. 20 de la Constitución de 1978), los socialistas y los republicanos españoles han sido más encarnizados que los dictadores militares.
Al cumplirse el mes de la proclamación de la II República, el Gobierno Provisional había permitido el asalto a un centro monárquico, encarcelado al propietario de ABC por sospechoso de haber cometido un asesinato aunque el cadáver no aparecía, una quema de iglesias y conventos y el cierre de varios periódicos.
El ministro de Gobernación, el derechista católico Miguel Maura, convocó a finales de mayo a su despacho a los directores de los diarios de Madrid para pedirles que diesen la noticia de la muerte, por la Guardia Civil, de ocho miembros de la CNT que formaban parte de una columna que quería arrasar San Sebastián, a fin de demostrar que él haría cumplir la ley. «Acudieron todos, incluso aquellos cuyos diarios estaban suspendidos desde el 12 de mayo (…). Les rogaba diesen a conocer la noticia del motín en San Sebastián. Ahora bien —continué—: el diario que utilice la noticia para su campaña política, o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio». «Envenenar el ambiente» de Maura no se distingue mucho de «los bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social» de la Guardia Civil sobre el Gobierno de Sánchez.
La ley de Defensa de la República
El 10 de agosto de 1932, el general José Sanjurjo, que había contribuido a traer la República como director general de la Guardia Civil, se sublevó en Sevilla y Madrid. El Gobierno, presidido desde octubre anterior por Manuel Azaña, conocía la conspiración del militar y venció sin problemas el pronunciamiento.
Azaña aprovechó la ocasión para aplicar la Ley de Defensa de la República, vigente desde octubre de 1931, que daba al gobierno un poder inmenso para reprimir a la oposición y perseguir a los ciudadanos que se le antojasen.
El artículo 42 de la Constitución establecía que «En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio»; pero Azaña y su compañero Casares Quiroga, ministro de Gobernación, deportaron a sospechosos a Villa Cisneros, en el Sáhara. Meses antes habían deportado a varios anarquistas a Guinea Ecuatorial. Respecto a la prensa, el Gobierno republicano, en el que había tres ministros socialistas (Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos) y uno de ERC (Jaume Carner Romeu), ordenó el cierre de docenas de periódicos.
Casi 130 periódicos cerrados
Semanas antes de la ‘sanjurjada’, según el periodista Julián Cortés Cavanillas, estaban suspendidos La Correspondencia, El Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero, todos editados en Madrid. La lista de las publicaciones cerradas por orden gubernamental, sin que lo decidiera ningún juez, la hizo Justino Sinova (La Prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad frustrada). En total, 127 periódicos.
La mayoría, por no decir la totalidad, de las cabeceras eran de derechas, católicas, tradicionalistas/carlistas y monárquicas. El único punto común entre ellas no era su implicación en la rebelión militar (inexistente, como se comprobó al no producirse procesamientos), sino su línea editorial desfavorable al Gobierno. Había semanarios de humor como Gracia y Justicia, revistas como Blanco y Negro dedicadas a la moda, las variedades y el cotilleo, y publicaciones de pensamiento de difusión muy reducida como Acción Española.
La suspensión, que en varios casos duró hasta meses, afectó a cabeceras que existen hoy, como ABC, Las Provincias de Valencia, El Adelantado de Segovia, El Ideal de Granada, La Verdad de Murcia, Diario de Jerez, El Día de Palencia, La Gaceta Regional de Salamanca, El Correo de Andalucía, Diario Montañés de Santander, El Pueblo Vasco de Bilbao, El Diario de Ávila y el Diario de Navarra, entre otros.
Se trató del mayor cierre de periódicos ordenado jamás por un Gobierno español. En la guerra civil cada bando cerró los periódicos que no coincidían con su ideología, pero no fueron tan numerosos.
Se dieron casos como el de La Vanguardia, que pasó a publicarse entre el 22 de julio de 1936 al 25 de enero de 1939 con una línea editorial favorable al Frente Popular y la Generalidad de Companys a convertirse, después de un día de cierre para adaptarse, en partidario exaltado de Franco a partir del 27 de enero de 1939 y hasta poco después de la muerte de éste.
‘ABC’, cerrado por más de 100 días
ABC, bestia negra de los republicanos, fue suspendido el 10 de agosto de 1932 por la noche y reapareció el 30 de noviembre. En el editorial de ese día, el periódico se quejó de la dureza de la sanción, tomada por un Gobierno que presumía de democrático y regenerador: «La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera… Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal».
En una medida admirable, la empresa mantuvo el pago de los salarios de sus trabajadores, aunque carecía de ingresos: 837 obreros de talleres, 67 redactores y 81 empleados. El 20 de julio de 1936, el ABC fue incautado por la UGT y regresó a sus propietarios el 29 de marzo de 1939.
Las repetidas sanciones y persecuciones contra los periódicos por parte de los gobiernos de la República, en su mayoría de izquierda, convirtieron en una burla el artículo 34 de la Constitución: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme».
Ahora, con la excusa de un reglamento comunitario aprobado en marzo por socialistas, populares y liberales, el PSOE se prepara para «estrangular» a los periodistas que le molestan. El llamado «equipo de opinión sincronizada», que transmite en tertulias y editoriales las consignas de Moncloa, apoyará la operación porque espera recibir más prebendas al reducirse los comensales de la tarta publicitaria.
