El récord de longevidad al frente del Ministerio del Interior lo tiene José Barrionuevo, ministro socialista de Felipe González. Seis años al frente de Interior y tres capitaneando la cartera de Transportes y Turismo tienen, sin embargo, un empecinado rival: Fernando Grande-Marlaska. Todo parece indicar que el actual ministro de Interior superará el logro de Barrionuevo, pero muchos se preguntan a qué precio.
Los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil han aunado sus esfuerzos para protestar contra Marlaska por el incumplimiento de su palabra: el ministro prometió incluir en las enmiendas de la amnistía una mención a los agentes de Policía y guardias civiles que participaron en los disturbios de 2017 y 2019. Así, el próximo 8 de febrero se espera una movilización masiva contra el ministro.
La petición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contemplaba que ninguno de los agentes implicados pudiera verse afectado por una causa judicial. Si la amnistía borra los delitos cometidos por los violentos separatistas, muchos sindicatos policiales pedían también protección legal para los agentes desplegados. Precisamente el pasado 15 de enero Grande-Marlaska aseguró: «Se está trabajando para que no haya ningún compañero policía investigado».
Apenas diez días después, y con las enmiendas a la ley de amnistía ya pactadas, agentes de la Guardia Civil y Policía han denunciado que no se recoja esta petición, por lo que se manifestarán frente a la sede del Ministerio de Interior el próximo 8 de febrero, convocados por el sindicatos Jusapol, que incluye al sindicato policial Jupol y la agrupación de la Guardia Civil Jucil. Los organizadores, además, advierten de que será la primera de muchas: «El ministro queda en evidencia. Nos ha vuelto a mentir en el último Consejo de Policía, en el que aseguró que ningún policía quedaría inmerso en un proceso judicial por las actuaciones en Cataluña», denuncian los promotores.
Desde Jusapol indican que «la Ley de Amnistía supone una falta de respeto para los miles de policías nacionales y guardias civiles que se desplazaron a Cataluña para hacer cumplir la ley y proteger la unidad de España ante la celebración de un referéndum ilegal por parte de los independentistas catalanes». Una crítica a la que han añadido la denuncia histórica de la equiparación salarial: «La Administración sigue negándoles la equiparación salarial con las policías autonómicas, la jubilación digna y el reconocimiento de su trabajo como una profesión de riesgo», han zanjado.
