España continúa sumida en una crisis migratoria de proporciones alarmantes: el aumento descontrolado de menores extranjeros no acompañados (menas) y jóvenes extutelados pone en jaque las políticas de control fronterizo y la capacidad de integración del país.
Según un informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consultado por LA GACETA, a 31 de marzo de 2025, había 18.967 inmigrantes de 16 a 23 años entre menas y extutelados, un 140,7% más que los 7.878 registrados en junio de 2021. Este crecimiento exponencial, combinado con una integración laboral fallida, evidencia un sistema desbordado que no logra convertir permisos de trabajo en empleos reales, generando una carga insostenible para los recursos públicos.
La mayoría son varones marroquíes
El perfil demográfico de este colectivo es inconfundible: el 94% son varones, un porcentaje que ha aumentado un punto desde 2021, lo que refleja un desequilibrio de género que plantea serias preguntas sobre las dinámicas de la inmigración ilegal. En cuanto a la procedencia, el 59% son marroquíes (11.225 inmigrantes), seguidos por Gambia (12%, 2.298), Argelia (9%, 1.742) y Senegal (6%, 1.106). Aunque las nacionalidades son diversas debido al actual efecto llamada, la predominancia de los nacionales de Marruecos sigue siendo abrumadora, señalando una falta de control efectivo sobre la presión migratoria desde el norte de África. La edad media de 19 años y el aumento desproporcionado de jóvenes extutelados (de 18 a 23 años, incremento del 179,3% desde 2021) sugieren que muchos llegan a España en los últimos años de su minoría de edad con el fin de aprovecharse de los sistemas de tutela promovidos por el Gobierno.
Una integración laboral fallida
La reforma del reglamento de extranjería de octubre de 2021, que otorga automáticamente el derecho a trabajar a los menas a partir de los 16 años y facilita la renovación de autorizaciones a los 18, buscaba mejorar la inserción laboral, pero los resultados son claramente insuficientes. En 2021, sólo el 27% de los 7.878 menas y extutelados con permiso de trabajo (2.110 personas) estaba afiliado a la Seguridad Social. En 2025, esta cifra ha subido, sin embargo, el dato más alarmante es que 43% de los menas y extutelados con permiso de trabajo (8.204 en total) no están empleados ni cotizan a la Seguridad Social.
Esta elevada inactividad laboral, en un contexto de crecimiento exponencial del colectivo, refleja una integración fallida y una presión creciente sobre los servicios sociales. En el último año, la afiliación ha caído un 1%, ya que el aumento del número de menas y extutelados (+23,4% anual) ha superado la capacidad del mercado laboral para absorberlos en un contexto de carencia de especialización y motivación laboral.
El panorama es aún más desolador entre los menas de 16 a 17 años: de los 2.996 con autorización para trabajar, sólo 299 (un 10%) están afiliados a la Seguridad Social. Aunque el informe atribuye esta baja tasa a que muchos están en actividades formativas o bajo el sistema de protección, la cifra pone en duda la efectividad de la reforma para integrar laboralmente a los menores tutelados por las diferentes administraciones autonómicas. La mayoría de estos jóvenes abandonará el sistema al cumplir 18 años sin una base sólida para su sostenimiento, lo que perpetuará su dependencia de los recursos públicos.
El fracaso en las políticas de control migratorio
El aumento descontrolado de menas y extutelados, predominantemente varones marroquíes, junto con una integración laboral limitada, evidencia un fracaso en las políticas de control migratorio y de integración. La reforma de 2021, aunque buscaba facilitar el acceso al mercado laboral, no ha demostrado que en el colectivo pueda garantizarse el empleo. Los 8.204 menas con permiso de trabajo que no trabajan y la dependencia de sectores precarios como la hostelería son síntomas de un sistema fallido.
