El grupo parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para mejorar la retribución de los presos y facilitar el acceso a prestaciones económicas tras su salida de prisión. La iniciativa, impulsada por el líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, propone que los excarcelados puedan cobrar el ingreso mínimo vital (IMV) cuando la prestación por desempleo a la que tengan derecho sea de menor cuantía.
La propuesta plantea modificar el Real Decreto 782/2001 para introducir un mecanismo que permita a los expresos elegir entre ambas ayudas en función de cuál les resulte más favorable. En concreto, el texto establece que, si el paro es inferior al IMV, el beneficiario podrá optar por esta última prestación.
Se trata del segundo intento de Sumar en pocos meses para garantizar ingresos a quienes salen de prisión. En noviembre de 2025, la formación ya defendió otra iniciativa que proponía un subsidio para excarcelados tras más de seis meses en prisión, sin distinguir por el tipo de delito cometido. Aquella medida, apoyada por el PSOE, no prosperó en el Congreso.
La nueva propuesta llega además en paralelo al rechazo de Sumar a una iniciativa del Partido Popular para ampliar la prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver de sus víctimas, lo que evidencia el choque político sobre el enfoque penal y penitenciario.
La PNL no se limita al ámbito de las prestaciones. También plantea reformar las condiciones laborales de los internos que trabajan en talleres penitenciarios. Entre las medidas, Sumar reclama que el sistema retributivo se ajuste al salario mínimo interprofesional y que se reconozca a los presos el derecho a la libertad sindical.
El texto denuncia que actualmente existe una «desigualdad injustificada» entre las condiciones laborales de los presos y las de los trabajadores en libertad. Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2024, solo el 20% de la población reclusa tiene acceso a un empleo, lo que equivale a unas 11.000 personas de un total de 55.000 internos.
Además, la iniciativa señala deficiencias en el control horario, con casos en los que los presos trabajan más horas de las que se reflejan en sus nóminas.
El líder del PCE sostiene que la supresión del subsidio de excarcelación, impulsada por el Partido Socialista, ha dejado a muchos expresos en situación de desprotección. Según explica, el antiguo subsidio se concedía en uno o dos meses, mientras que el acceso al IMV puede demorarse entre cuatro y doce meses, con mayores exigencias burocráticas.
Sumar defiende que el conjunto de medidas busca mejorar la reinserción social de los presos. Sin embargo, la iniciativa reabre el debate político sobre las prioridades del sistema penitenciario y el uso de recursos públicos en el apoyo económico a personas condenadas tras cumplir sus penas.
