Sumar presentó el pasado 6 de noviembre, en plena catástrofe causada por la DANA, su plan para combatir los «ecocidios», una propuesta que prioriza la protección ambiental sobre las intervenciones humanas en los cauces de los ríos. En lugar de fomentar la limpieza de ríos o la construcción de infraestructuras hidráulicas como embalses y presas, el partido aboga por el reconocimiento del ecocidio como un delito autónomo en el ámbito internacional.
El concepto de «ecocidio» fue definido en 2021 por un panel internacional de juristas y respaldado por organismos de la ONU como «cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente». Sumar ha exigido su implementación inmediata en España mediante la transposición de la Directiva (UE) 2024/1203, que sustituye normativas anteriores sobre delitos ambientales en la Unión Europea.
Cambios legislativos propuestos
La formación liderada por Yolanda Díaz propone incluir el delito de ecocidio en el Código Penal español siguiendo la definición aportada por los países del Pacífico como Vanuatu, Fiyi y Samoa, quienes presentaron su propuesta a la Corte Penal Internacional en septiembre de 2024. Además, Sumar reclama reforzar los recursos de la Fiscalía de Medio Ambiente y otras unidades especializadas del Ministerio Fiscal para abordar delitos relacionados con los recursos naturales, la flora, la fauna y los incendios forestales.
Entre las medidas, el partido también aboga por garantizar un «blindaje» a los cauces de los ríos, limitando las modificaciones que permitan adaptarlos a las necesidades humanas. Esta postura, que ya genera tensiones, subraya la intención de Sumar de dar prioridad absoluta a la protección de los ecosistemas fluviales.
Una visión integral del ecocidio
Sumar ha vinculado el ecocidio con otros delitos graves como la corrupción, el soborno e incluso el genocidio, señalando que estos crímenes muchas veces están interconectados en contextos de explotación ambiental. Según la formación, esta perspectiva subraya la urgencia de abordar el daño al medio ambiente como una amenaza no solo ecológica, sino también ética y social.
El ecocidio, tal como lo plantea Sumar, también tiene una dimensión global. La propuesta presentada a la Corte Penal Internacional por los estados del Pacífico establece que el ecocidio debe ser considerado «un crimen autónomo», equiparable a otros delitos internacionales graves. De ser aceptado, España no solo adoptaría este delito en su legislación, sino que también impulsaría su reconocimiento global.
El enfoque de Sumar ha generado controversias, ya que, según sus críticos, dificulta intervenciones urgentes en los ríos para prevenir inundaciones o garantizar el acceso al agua en zonas afectadas por sequías. Organizaciones de gestión de recursos hídricos han advertido que esta rigidez en la protección de cauces podría agravar los problemas para las comunidades que dependen de ellos.
A pesar de estas críticas, el partido considera que la protección integral del medio ambiente es una prioridad ineludible en la lucha contra el cambio climático y las catástrofes ambientales. La propuesta sigue en debate mientras las recientes inundaciones ponen en evidencia los desafíos de equilibrar la conservación ecológica y las necesidades humanas.
