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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Torrent afirma que su deber es proteger los derechos de Puigdemont

El presidente del Parlament ha respondido a Inés Arrimadas que su deber es «defender los derechos» de los diputados de JxCat Carles Puigdemont y Jordi Sánchez, ya que ambos pueden aspirar a ser candidatos a la presidencia de la Generalitat.

En una carta de respuesta a otra misiva que le envió la semana pasada Arrimadas, el presidente del Parlament expresa su «voluntad» de encontrar «la fórmula política» que posibilite investir al nuevo presidente de la Generalitat y formar Govern.
La presidenta del grupo de Ciudadanos en el Parlament pedía a Torrent que acabase con la parálisis institucional que vive Cataluña y que ponga en marcha el reloj del plazo de tres meses como máximo para investir a un presidente de la Generalitat mediante una «comparecencia» del propio presidente del Parlament.
Torrent, sin embargo, descarta esta posibilidad ya que «el reglamento del Parlament no establece ni tiene previsto» el hecho insólito de que un presidente de la Cámara tenga que comparecer ante el pleno para dar explicaciones.
El reglamento sí que prevé, en cambio, que el presidente de la Generalitat y los consejeros del Govern puedan comparecer ante el pleno de la Cámara para rendir cuentas de su gestión al frente del Ejecutivo catalán.

Culpa al Estado de que no haya presidente

Por lo que respecta a las dos candidaturas que han sido propuestas, la de Carles Puigdemont y la de Jordi Sánchez, el presidente Torrent recuerda a Arrimadas que ambos son diputados y que «adquirieron el derecho de representación política que les otorga la condición de representantes de la ciudadanía» con lo cual su «deber» es «defender estos derechos».
Sobre la circunstancia de que el pleno de investidura haya sido pospuesto dos veces, Torrent indica que esto se debe a «las injerencias ilegítimas del Estado» que se traducen en trámites «procesales» ante la imposibilidad de que ambos candidatos comparezcan personalmente en el hemiciclo.
En todo caso, el presidente del Parlament constata que hasta ahora no ha recibido una propuesta de candidato alternativo -«tampoco usted», le dice a Arrimadas-, y destaca que lo que no puede hacer es designar a un candidato que no cuente con la mayoría requerida de votos para ser elegido presidente.
«Coincidimos, en todo caso, en la necesidad de alcanzar un gobierno lo antes posible», concluye en su carta Torrent.

No habrá pleno hasta después de Semana Santa

Por otro lado, el Parlament ha acordado la celebración de un pleno ordinario para abordar, entre otros asuntos, la propuesta de Ciudadanos en la que solicita que comparezca el presidente de la Cámara una sesión aún sin fecha pero que se prevé que tenga lugar después de Semana Santa.
El pleno ha sido acordado en una reunión de esta tarde de la Mesa y la Junta de Portavoces, pero está a la espera de que Torrent le ponga una fecha.
En este contexto, la Junta de Portavoces y la Mesa han acordado la celebración de un pleno ordinario -que no el de investidura- en el que se debatiría la propuesta de resolución de Ciudadanos en la que solicita a Torrent que comparezca para «dar explicaciones sobre la situación de bloqueo» de Cataluña, si bien el presidente del Parlament ya ha descartado en reiteradas ocasiones que vaya a comparecer alegando que el reglamento no lo contempla.
Como esta propuesta de resolución debe someterse al preceptivo plazo para las enmiendas, fuentes parlamentarias han apuntado que no habrá tiempo de celebrar el pleno hasta pasada la Semana Santa, aunque será Torrent quien determine la fecha.
Además, en este pleno está previsto que se aprueben dos decretos sobre prórroga presupuestaria y la extra pendiente de 2012 a funcionarios; una moratoria en la exigencia del inglés en las universidades; la creación de una comisión de investigación sobre los atentados del pasado verano en Cataluña; y una propuesta del Parlament dirigida al Congreso de los Diputados para modificar la normativa estatal sobre la eutanasia.

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