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SIGUEN LAS PESQUISAS DE LA POLICÍA Y EL JUEZ

Tsunami Democràtic se financió mediante el «desvío de fondos públicos» según los investigadores

Ataque de los radicales de Tsunami Democrátic. Europa Press.
Ataque de los radicales de Tsunami Democrátic. Europa Press.

La investigación judicial apunta que Tsunami Democràtic podría haberse financiado mediante el «desvío de fondos públicos», bien a través de la adjudicación de contratos bien con la captación de subvenciones, llegando incluso a hablar de «la existencia de una suerte de red clientelar en el seno de la administración catalana», según se recoge en el sumario del caso que se sigue en la Audiencia Nacional (AN).

Así consta en la resolución del 28 de abril de 2021 por la que el entonces magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Alejandro Abascal, reclamó a su colega del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que le remitiera la parte del ‘caso Voloh’ que conectaba con su investigación sobre el rol que Tsunami Democràtic habría jugado en los disturbios que siguieron a la sentencia del ‘procés’ en el otoño de 2019.

En base a los informes policiales, Abascal hace un extenso y detallado relato de los hechos investigados y de los presuntos responsables, deteniéndose en la estructura financiera que permitió a la plataforma independentista llevar a cabo sus acciones, que el juzgado central califica de terrorismo, en contra del criterio del Ministerio Fiscal, una discrepancia que aún está por resolverse.

A raíz de las pesquisas, el instructor infiere que Iniciative Events SL, administrada por Antoni Fusté y Roc Aguilera y «vinculada» a Xavier Vendrell —uno de los principales investigados en el procedimiento—, sería una de las sociedades presuntamente beneficiadas por el desvío de fondos públicos.

Según consta en el auto, «los numerosos contratos públicos de los que Events ha resultado adjudicataria evidenciaría que Vendrell podría ser el administrador de hecho de esta sociedad, instrumentalizándola para el desvío de fondos públicos, o al menos que actúa de conseguidor de contratación pública a cambio de determinados beneficios».

El juez considera que de la investigación «se ha evidenciado la existencia de una suerte de red clientelar en el seno de la administración catalana que propicia que esta empresa reciba cuantiosos fondos provenientes de diferentes organismos públicos»

En la lista, figuran la Generalitat de Cataluña, el Consell Català de l’Esport, el Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Calella, la Agencia Catalana del Agua, la Diputación de Barcelona, la Federación Catalana de Fútbol, INCASOL o Diplocat.

De las diligencias practicadas, también se ha constatado que Iniciative Events SL fue registrada antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que en su nave se incautó «numeroso material relacionado con la celebración de las votaciones».

En cuanto a la vinculación de esta sociedad con Tsunami Democràtic, un informe policial al que hace referencia el auto dice que «cabe la posibilidad» de que el escenario del acto organizado por la plataforma durante los cortes de la AP-7 fuera montado por Iniciative Events. En este sentido, los investigadores no descartan que «esta persona jurídica hubiera podido ser utilizada para desviar fondos públicos» hacia la «estrategia global secesionista».

El magistrado también menciona a Jaume Cabani como «pieza clave» en el flujo de dinero para costear esa «estrategia global secesionista». Sobre él, también reseña que «podría haberse financiado mediante el desvío de fondos públicos».

Al hilo, refleja que emitió al menos una factura a la Plataforma de Proselecciones Catalanas, entidad presidida por Xavier Vinyals y «receptora de múltiples subvenciones públicas», por «un servicio que presuntamente no se habría producido, ascendiendo su importe a 10.594,00 euros». Alude también a una cuenta bancaria de Cabani «en la que se habría cobrado una subvención directa otorgada a la misma plataforma por 1.183.500,00 euros».

Abascal expone que Cabani «a través de sus productos bancarios estaría, por un lado, recibiendo dinero público a través de entidades intermedias que tienen adjudicación de subvenciones y, por otro lado, estaría soportando gastos relacionados con Carles Puigdemont», desde el mantenimiento de la casa de Waterloo hasta el pago a sus abogados, «obteniendo en parte este dinero de forma irregular».

Especifica que, según los informes policiales, Cabani «tiene diversas cuentas bancarias radicadas en Bélgica y Alemania» y en una de ellas recibió un ingreso de 10.000 euros de la Asociación Unidos por el Fomento de la Cohesión y la Catalanidad bajo el concepto ‘QuotesNationBuilder’, por lo que los investigadores creen que podría referirse a un ‘software’ homónimo usado para recaudar donativos para Puigdemont.

Añade que Cabani «percibe grandes cantidades de dinero procedente de la plataforma Stripe», usada igualmente para gestionar las donaciones a una página web gestionada por el Consell per la República que también «ha sido utilizada para recabar los donativos de la organización Tsunami Democràtic».

De esta forma, los investigadores perfilan a Cabani como elemento esencial de la maquinaria de captación de fondos, ya sean públicos o privados. De hecho, dicen que hizo de intermediario entre el jefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay, y el banquero suizo Nicola Foglia para que éste donara 6.000 francos suizos (unos 6.300 euros) destinados a dar de comer a los manifestantes que colapsaron el aeropuerto de El Prat.

«En consecuencia, Alay le proporciona un número de una cuenta en Suiza, titularizada por Cabani, circunstancia que pone de manifiesto la relación directa del reseñado con la financiación de la organización», señala el instructor.

Por último, y como parte de dicha estructura económica, cita una conversación entre los ex dirigentes de CDC Víctor Terradellas y David Madí, de mayo de 2018, que «parece exponer la existencia de desvío de dinero público para financiar sus objetivos, llegando a mencionar la necesidad de realizar una legislación específica que provocase un cambio del modelo económico que transformase los recursos económicos de Cataluña en criptomoneda, para evitar el control de los poderes públicos»

Con todo, el juez asevera que la «estrategia secesionista global» se compone de «una serie de grupos y entidades, principalmente provenientes de la sociedad civil, interrelacionados entre sí, bajo una unidad de propósito, cuya finalidad es la materialización de una serie de actividades conducentes a la consecución de la independencia de Cataluña por cualquier vía, incluidas las que se apartan del ordenamiento constitucional y violentan la legislación vigente».

Según relata en su auto, estaría integrada por una estructura de movilización social, una estructura digital y una estructura de financiación, que se encuentran «asentadas» tanto en territorio nacional como internacional.

En el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional se investiga esta estrategia global como una organización criminal que podría haber cometido presuntos delitos de terrorismo «causando un impacto en las estructuras económicas del Estado» con la ocupación de El Prat, el corte multitudinario de la AP-7 en la Junquera, o los altercados producidos tras el partido de fútbol entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, entre otros.

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