La Policía Nacional ha detectado a un inmigrante de origen senegalés con nacionalidad española que se encontraba en su país de origen recibiendo ayudas sociales de España por un valor de más de 50.000 euros. El sospechoso utilizaba a un compatriota con el que guardaba cierto parecido para simular así su presencia en España.
Los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional en Bilbao iniciaron la investigación cuando detectaron a un inmigrante de origen senegalés, que se encontraba trabajando para una empresa de la localidad de Basauri (Vizcaya) y que resultó no ser realmente el titular del contrato.
Tras a las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar que el trabajador «se estaba haciendo pasar por un compatriota que sí era el contratado, aprovechando un cierto parecido físico». La persona que acudía a trabajar resultaba beneficiaria de un empleo sin disponer de la documentación necesaria, mientras que el verdadero contratado se beneficiaba de numerosas ayudas que había solicitado cuando se encontraba en España y que ahora recibía desde Senegal.
Concretamente y acorde a la información consultada por este medio, el beneficiario de estas ayudas sociales dejó España en noviembre del año 2021 y se las ingenió para que un compatriota se hiciese pasar por él, ofreciéndole la posibilidad de trabajar para una empresa española en la que estaba contratado. A cambio, él ha percibido un total de 55.837 euros entre ayudas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (9.658 euros) y la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco (46.179 euros).
Con toda la información recopilada por parte de los investigadores de la UCRIF y con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya, se llevó a cabo una inspección a la empresa en el mes de octubre en la que se pudo constatar que el ciudadano de origen senegalés que se encontraba trabajando en Basauri no era el verdadero titular del contrato.
Una vez practicada la detención del empleado, fue puesto a disposición judicial y se activaron los mecanismos necesarios de coordinación y cooperación internacional a través de Interpol para localizar en Senegal a la persona beneficiaria de más del 50.000 euros del erario público español mientras se encontraba fuera del país.
