Cuatro testigos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han declarado este viernes ante el magistrado que instruye la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Sus comparecencias han aportado nuevos detalles sobre la gestión de un software desarrollado en el entorno de una cátedra universitaria que ella codirigía y cuya titularidad es uno de los ejes de la investigación judicial.
Una de las testigos, María Jesús Morillo, trabajadora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), explicó ante el juez que la persona con la que mantuvo el contacto habitual para tramitar el alta del programa informático fue Cristina Álvarez, asistente personal de Begoña Gómez en Moncloa. Según su testimonio, desde el primer encuentro, Álvarez se convirtió en su interlocutora directa para todas las gestiones relacionadas con el software.
El juzgado investiga si dicho programa fue apropiado de forma indebida por parte de Begoña Gómez, ya que varias empresas lo habrían desarrollado sin coste para ella bajo el entendimiento de que su destino final sería la universidad. Paralelamente, se analiza un posible delito de malversación por el uso de recursos públicos al haber intervenido su asistente oficial en actividades que no estarían vinculadas a funciones institucionales. Cristina Álvarez también figura como investigada en esta causa.
Morillo relató que los primeros contactos se produjeron en 2022, cuando desde el entorno de la cátedra solicitaron información sobre cómo registrar un software. Inicialmente se dirigieron a la directora de la OTRI y, posteriormente, tanto ella como su compañera María Mercedes Vaquero —también citada a declarar este viernes— fueron convocadas a una reunión presencial. En aquella convocatoria, según explicó, se les adelantó que la persona que acudiría era “la mujer de Sánchez”.
Durante su declaración, y tras ser repreguntada por este punto, la testigo confirmó que esa fue exactamente la expresión utilizada. Según su versión, Begoña Gómez acudió al encuentro acompañada de su asistente, Cristina Álvarez, y de la coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan. La finalidad de la reunión, señaló, era recabar información sobre cuestiones de propiedad intelectual.
La compareciente indicó que fue Gómez quien llevó el peso de la conversación, aunque aseguró que su impresión fue que no tenía del todo claro cómo debía desarrollarse el procedimiento. Tras el encuentro, se intercambiaron correos electrónicos entre las tres, y a partir de ese momento fue Cristina Álvarez quien se ocupó de realizar llamadas y seguimientos administrativos.
Por su parte, Blanca de Juan ya declaró anteriormente ante el juez que fue ella quien creó el dominio del software y que posteriormente lo transfirió a Begoña Gómez. Este extremo forma parte del análisis judicial sobre el recorrido legal del programa informático.
Desde la OTRI, la testigo también subrayó que resulta poco habitual que este tipo de trámites se realicen en el marco de una cátedra extraordinaria, ya que suelen estar más vinculados al registro de investigaciones científicas o creaciones culturales de carácter formal.
Estas nuevas declaraciones refuerzan la línea de investigación abierta tanto sobre la posible apropiación del software como sobre el papel desempeñado por la asistente de Moncloa en actividades ajenas al ámbito institucional, una cuestión que ya había sido apuntada anteriormente por el ex vicepresidente de la UCM, Juan Carlos Doadrio.
