La dirección nacional del PP continúa poniendo trabas a los gobiernos regionales que su partido conforma con VOX (Castilla y León, Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura) con la única obsesión de «destruir» a la tercera fuerza política de España. No soportan que se atribuyan avances o reformas a la presencia de VOX en estos ejecutivos.
Esa estrategia de demonización no es nueva, ya la emplearon en la campaña electoral del 23 de julio, donde ordenaron a sus medios afines demonizar a la formación liderada por Santiago Abascal para buscar una mayoría cercana a la absoluta que le permitiera gobernar en solitario. El resultado fue la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa.
Las trabas hoy son muchas. Un ejemplo: las leyes de concordia que derogan las leyes o decretos de memoria histórica de la izquierda. Estas normas —impulsadas por VOX— buscan reconocer a las víctimas de ambos bandos y, en el caso de Castilla y León, «defender la dignidad de las víctimas desde el año 1931 hasta 1978, un periodo que ha sido testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales que han marcado el devenir y la identidad de España, reconociendo así a quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales«. Génova presiona a sus líderes regionales para que se desmarquen o maticen los pasos que han dado para dar cumplimiento a los acuerdos con VOX.
También la denuncia de la inseguridad y la lucha contra la inmigración ilegal en estas regiones está incomodando mucho a la dirección nacional del PP. «Se nos frena, se silencian las notas de prensa que queremos mandar o se intenta bloquear convocatorias o actos», ha denunciado este lunes el portavoz del Comité de Acción Política de VOX, José Antonio Fúster. Hay también, ha agregado Fúster, «una resistencia profunda a ir de la mano en la respuesta a la ley de amnistía y contra Sánchez».
Las trabas llegan también a la defensa del sector primario. VOX constituyó el pasado mes de abril la la Mesa de Trabajo de Agricultura para defender los intereses del campo español y presentó 18 medidas para defender al sector agrícola y ganadero de las «imposiciones europeas» y del abandono del Ministerio de Agricultura, y «liderar el combate contra las graves consecuencias que las estrategias derivadas del infame Pacto Verde Europeo de la Agenda 2030 provocan al campo español». Los consejeros enviaron la batería de medidas a sus homólogos del PP y todavía ninguno se ha adherido por la presión de Génova. Ocurre con la libertad lingüística, que el PP no garantiza en regiones como Galicia, donde gobierna en solitario con mayoría absoluta.
Fúster ha reiterado que esta «incomodidad» con VOX, esta obsesión por acabar con VOX, no sólo ocurre en los gobiernos de coalición. También en las alcaldías donde el PP necesita a VOX para aprobar presupuestos o en las regiones en las que tiene mayoría absoluta: «Es absurdo, es ridículo, con VOX no van a acabar».
