El Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que utiliza artimañas parlamentarias –sin controles ni informes preceptivos– para tratar de asaltar la Justicia y tilda de «enemigos de la democracia» a quienes difieren de sus formas y su fondo, ha intensificado a las puertas del último año de la legislatura el rodillo ideológico, que se materializa en leyes para «minorías», y que no cuentan con el consenso social.
Son leyes como la del «sólo sí es sí», que ya ha permitido beneficios a casi 90 delincuentes sexuales –al menos 12 de ellos han sido puestos en libertad–; la ley del aborto, que reconoce esta práctica como «derecho», elimina el requisito de consentimiento de los padres para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar y supone la garantía de adoctrinamiento sexual en todas las etapas de la enseñanza obligatoria; y la ley Trans, que instaura «la libre autodeterminación de género» y señala que la condición de mujer es «una cuestión de voluntad».
En este contexto, el grupo parlamentario VOX en la Cámara baja, ha lanzado una ofensiva parlamentaria para que el Ejecutivo explique a los españoles el trasfondo de estas normas, que «perjudican el bien común» y son «una amenaza para los españoles», algunas de las cuales ya están en vigor y otras se publicarán en el BOE previsiblemente en las próximas semanas.
Así, VOX ha preguntado al Gobierno si va a publicar un informe periódico a través del cual se faciliten los datos oficiales sobre el número de revisiones de sentencia y de rebajas de pena con motivo de la entrada en vigor de la ley del «sólo sí es sí».
Sobre la ley del aborto, VOX ha preguntado qué medidas promoverá el Gobierno para garantizar el pleno ejercicio de la patria potestad de los padres en lo que se refiere al consentimiento para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar; y los motivos que justifican la eliminación del plazo de reflexión de las mujeres que deciden abortar, así cómo las alternativas existentes al aborto. En este sentido, pregunta por la supuesta libertad que el Gobierno garantiza a las mujeres si no pueden formar libremente su voluntad «al verse privadas de conocer todas las herramientas de las que pondrían disponer».
Asimismo, ante el anteproyecto de Ley contra la trata y explotación, que deja fuera a jueces y fiscales en la identificación de las víctimas y concede vivienda e ingreso mínimo vital a las personas afectadas, VOX pregunta al Gobierno si puede especificar cuáles serán los contenidos relacionados con situaciones de trata y explotación sexual que se impartirán en los colegios; «si considera que los niños que se encuentran en la etapa de educación infantil tienen la madurez suficiente como para recibir este tipo de contenidos» y «si se consultara a sus padres». En esta misma cuestión, pide que se conozcan los motivos que justifican que la norma deje fuera a jueces y fiscales en la identificación de las víctimas.
