El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin justificar el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontró en una caja fuerte oculta en su despacho profesional. Durante su declaración como investigado, celebrada el pasado 17 de junio, aseguró al juez José Luis Calama que presentaría la documentación necesaria en un plazo máximo de diez días. Más de dos meses después, no consta que haya cumplido su compromiso.
Los agentes localizaron decenas de collares, pendientes, pulseras y otras piezas durante los registros ordenados en el marco del caso Plus Ultra. Un primer examen confirmó la presencia de diamantes, rubíes y esmeraldas auténticos. La tasación encargada posteriormente por el instructor situó su valor en 1,3 millones de euros.
El resultado llevó a Calama a abrir una investigación separada por la posible comisión de delitos fiscales y de contrabando. Según sostiene el magistrado, el origen de las piezas continúa sin estar justificado y tampoco existe constancia del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su eventual importación.
El juez considera que las joyas pudieron entrar en España de forma clandestina. También aprecia indicios de una posible defraudación tributaria debido a su elevado valor y a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición. Dependiendo de cómo llegaran a manos del expresidente, podrían haber generado obligaciones relacionadas con el IVA, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el IRPF.
Hacienda abrió en julio su propia investigación, aunque sólo lo hizo después de que Calama preguntara directamente si existía alguna inspección sobre las piezas. Hasta entonces, la Agencia Tributaria no había comunicado actuación alguna.
Un supuesto «regalo de cortesía»
Zapatero se ha limitado a sostener públicamente que las joyas fueron un «regalo de cortesía personal de hace muchos años». No ha identificado a la persona, empresa o institución que se las entregó, ni ha precisado la fecha, el lugar o el motivo del presente.
El expresidente también ha asegurado que las piezas no guardan «nada que ver» con su actividad política y que permanecían olvidadas en la caja fuerte, «sin uso ni destino». «Estaban ahí y nada más», afirmó en una entrevista. Su defensa pretende, además, discutir a la baja la valoración realizada por la joyería Ansorena.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene precisamente la tesis contraria. Ha expresado dudas sobre la primera tasación y considera que el valor de las piezas podría superar los 1,3 millones de euros. Por ello, ha reclamado un nuevo informe pericial que determine su precio actual de mercado y aclare cuándo fueron engarzadas.
La investigación, ralentizada durante agosto, volverá a cobrar impulso en septiembre con esas nuevas valoraciones. La falta de documentación prometida por Zapatero mantiene abiertas las sospechas sobre la procedencia de las joyas y su tratamiento fiscal.
Las hijas de Zapatero también continúan imputadas
El expresidente afrontará además en septiembre otra fase delicada del caso. Sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, permanecen investigadas, aunque Calama todavía no las ha citado a declarar.
La UDEF ha constatado que ambas transfirieron a sus cuentas personales 447.095,31 euros procedentes de su agencia de publicidad, Whathefav SL, entre 2021 y 2025. La sociedad recibió durante esos años la mayor parte de sus ingresos de empresas vinculadas al círculo de Zapatero, entre ellas Análisis Relevante SL, propiedad de Julio Martínez, señalado en la investigación como presunto testaferro del expresidente.
Calama sospecha que la sociedad de las hijas pudo ser utilizada por el entorno familiar para blanquear dinero procedente de supuestas comisiones ilegales. El instructor espera también la información solicitada a varias entidades bancarias sobre las cuentas empleadas para mover los fondos, incluidas las de Zapatero, su mujer y sus hijas.
