La ley contra la inmigración ilegal de Texas (SB-4), considerada una de las medidas más drásticas en la historia de Estados Unidos junto con la SB-1070 de Arizona de 2010, ha inspirado a otros estados republicanos ante los positivos resultados registrados en los últimos días.
En medio de la complicada batalla legal entre el Gobierno del Estado y el federal, que impidió que esta medida entrara en vigor el pasado 5 de marzo, la incertidumbre crece entre los inmigrantes ilegales que han cruzado la frontera sur en estas semanas.
La norma, impulsada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, convierte en delito el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de manera ilegal. El inmigrante detenido será acusado de un delito menor, lo que conlleva una pena de hasta seis meses de prisión. Además, si el infractor es reincidente, la falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de cárcel.
La ley permite que la justicia estatal (diferente a los jueces de inmigración) ordene la expulsión del extranjero sin mediar proceso legal. Un juez podría retirar los cargos si el inmigrante en cuestión aceptase de forma voluntaria regresar a México. También prohíbe cualquier política local que restrinja a los agentes de Policía cuestionar el estatus migratorio de una persona, incluso durante detenciones de rutina en las paradas de tráfico. Además, la norma requiere que las autoridades locales destinen recursos como espacio en las prisiones, agentes y fondos para implementar la ley.
Otros estados quieren seguir ese ejemplo
En Iowa, la Cámara de Representantes aprobó el pasado martes un proyecto de ley que permitiría a la Policía detener a ciertos inmigrantes ilegales y ordenarles que abandonen el país. Los inmigrantes ilegales se podrían enfrentar a dos años de prisión si ingresan, intentan ingresar o son encontrados en Iowa después que se les negara la entrada a EEUU o hubieran sido deportados.
Por su parte, en Nuevo Hampshire, el Senado aprobó a inicios de mes un proyecto de ley que permite a la Policía presentar cargos de invasión de propiedad privada contra personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá. La iniciativa se discute actualmente en la Cámara de Representantes.
En Tennessee, el pasado viernes legisladores de la Cámara Baja aprobaron un proyecto de ley que exige que los agentes de Policía informen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se han topado con algún inmigrante ilegal durante sus patrullas ordinarias y de seguridad ciudadana
Por otro lado, los estados de Georgia, Florida, Luisiana y Carolina del Norte han aprobado o discuten proyectos de ley similares a la ley texana, que imponen duras sanciones a los indocumentados bajo el argumento de que deben actuar para contener la llegada masiva de inmigrantes ilegales.
Por último, en Arizona la gobernadora de ese estado, la demócrata Katie Hobbs, tiene en su mesa una medida, bautizada como la Ley de Invasión de Arizona, que autorizará a los departamentos de Policía a detener y arrestar a los extranjeros que cruzan la frontera de forma ilegal. Este proyecto, impulsado por los republicanos y que previsiblemente vetará Hobbs, también otorgaría inmunidad a los agentes y a sus departamentos de cualquier acción legal en su contra debido a posibles incidentes ocurridos mientras se aplique la ley.
