El «Pearl Harbour del S. XXI», en «nuevo 11-S», la terrible insurgencia e intento de golpe de Estado con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, ha perdido mucha fuerza como truco retórico del régimen para demonizar a la oposición y recortar libertades después de que se publicaran vídeos de las cámaras de seguridad, pero aún podría sufrir un nuevo golpe gracias a la decisión de un tribunal de apelación de Estados Unidos.
El pasado viernes, el Tribunal de Apelación del Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que Larry Brock, condenado por una serie de delitos relacionados con el 6 de enero, había sido hallado indebidamente culpable de «interferencia con la administración de justicia», con lo que anuló dicho cargo. Esta decisión podría crear un precedente crucial para otros acusados por los hechos acaecidos en esa ocasión. «Brock cuestiona tanto la interpretación del tribunal de distrito de los elementos de la Sección 1512(c)(2) como la suficiencia de las pruebas para respaldar esa condena», escribe la juez Patricia Millett.
La juez, nombrada por el presidente Barack Obama, concluye que cualquier interferencia con la certificación por parte del Congreso de los votos electorales de 2020 no equivale a un aumento de la sentencia. «Debido a que el texto, el comentario y el contexto de la Sección 2J1.2 establecen que la ‘administración de justicia’ no se extiende al recuento y certificación de los votos del colegio electoral por parte del Congreso, el tribunal de distrito se equivocó al aplicar la Sección 2J1.2(b)(2)'», sentencia la juez.
Los jueces aceptan la versión de Brock en el sentido de que la función del Congreso el 6 de enero no era judicial, sino solo una parte del proceso de elecciones presidenciales de 2020. «Tomado en su conjunto, el proceso de múltiples pasos para certificar los votos de los colegios electorales —por muy importante que sea para nuestro sistema democrático de gobierno— tiene poca semejanza con la concepción tradicional de la administración de justicia como la investigación o investigación judicial o cuasijudicial.
Además, agregan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que estaban allí ese día «para proteger a los legisladores y su proceso, no para investigar los derechos de las personas ni para hacer cumplir la decisión de certificación del Congreso».
«Después de todo», escribieron los jueces, «las fuerzas del orden están presentes por motivos de seguridad en una amplia variedad de procedimientos gubernamentales que no involucran la ‘administración de justicia’: tomas de posesión presidenciales, por ejemplo, y el indulto del pavo de Acción de Gracias». Ahora, la sentencia del Sr. Brock según el estatuto quedará anulada y será remitida al tribunal de distrito para una nueva sentencia.
