«Estamos preparados para gobernar». Hace muy poco, estas palabras de la líder de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, sonarían extravagantes; hoy son la constatación de un hecho.
El caso de AfD es paradójico. Es, con mucho, el partido con mayor intención de voto en el país y, sin embargo, el sistema sigue tratándolo como si fuera una peligrosa organización semicriminal. Mientras las encuestas sitúan a AfD como primera fuerza nacional, la Justicia bávara acaba de autorizar que los servicios de inteligencia continúen vigilando a la formación por presunto extremismo. Y ahí está la paradoja: los partidos de un sistema democrático tratan como problema de seguridad la opción preferida por una mayoría relativa de alemanes.
La decisión judicial conocida esta semana permite a la Oficina para la Protección de la Constitución de Baviera seguir observando las actividades de AfD en el estado más poblado del sur alemán. Los jueces consideran que existen indicios suficientes para mantener esa vigilancia. La resolución llega apenas unos meses después de otras batallas judiciales relacionadas con la clasificación de la formación soberanista como organización extremista y demuestra hasta qué punto las instituciones alemanas siguen contemplando a AfD como algo más que un simple adversario político.
El problema es que AfD ya no se parece a lo que era cuando comenzó este proceso. Durante años, la estrategia del establishment alemán resultó relativamente sencilla. El partido era presentado como una anomalía política alimentada por el malestar social, la crisis migratoria y el desencanto con las élites tradicionales. Los grandes partidos levantaban un estricto cordón sanitario (Brandmauer, literalmente, ‘muro de fuego’) a su alrededor, los medios insistían en subrayar sus elementos más controvertidos y los servicios de inteligencia mantenían una vigilancia constante sobre algunos de sus dirigentes y estructuras regionales.
Aquella estrategia podía funcionar mientras AfD siguiera siendo una fuerza relativamente marginal. Pero ya los sondeos nacionales sitúan regularmente a la formación de Weidel en torno al 30% de intención de voto. En varios estados orientales compite ya no por ser segunda fuerza, sino por convertirse en la primera. En algunos de ellos la posibilidad de ver a AfD encabezando un gobierno regional ha dejado de ser una hipótesis extravagante para convertirse en un escenario político perfectamente plausible. Más significativo aún: el crecimiento ya no se limita al antiguo territorio de la Alemania oriental. También avanza en regiones occidentales donde durante años parecía incapaz de romper determinados techos electorales.
Lo que comenzó como un pequeño partido euroescéptico que quería, más que nada, mantener el potente marco alemán como moneda, se ha transformado en el principal vehículo político del descontento alemán. Inmigración, inseguridad, crisis energética, inflación, estancamiento económico, guerra de Ucrania y pérdida de confianza en las instituciones han ido alimentando una base electoral cada vez más amplia. AfD ya no es una protesta sobre un único asunto, aunque el peso de la sustitución poblacional eclipsa cualquier otro problema. Es la expresión política de una parte creciente de la sociedad alemana que considera agotado el consenso que gobernó la República Federal durante décadas.
La cuestión ahora es qué hace una democracia cuando el partido que considera una amenaza para su orden constitucional empieza a acercarse al poder mediante procedimientos perfectamente democráticos. Durante décadas Alemania pudo permitirse tratar a AfD como una excepción. Hoy esa excepción reúne potencialmente a uno de cada tres votantes.
La paradoja resulta especialmente visible en la CDU de Friedrich Merz. Los conservadores regresaron al gobierno prometiendo endurecer la política migratoria, reforzar las fronteras y corregir algunas de las decisiones más controvertidas de la era Merkel, una canciller que ha reconocido recientemente que el objetivo de acoger a millones de extranjeros en su día fue el de neutralizar a AfD. Sin embargo, AfD sigue creciendo. Muchos alemanes parecen haber llegado a la conclusión de que los grandes partidos reconocen ahora problemas cuya existencia negaron durante años, pero siguen sin estar dispuestos a aplicar soluciones suficientemente contundentes. Esa percepción está resultando mucho más útil para Weidel que cualquier campaña electoral.
El Brandmauer también empieza a mostrar señales de agotamiento. Durante años se asumió que mantener aislada a AfD limitaría su crecimiento. Lo que está ocurriendo parece exactamente lo contrario. Cada nueva exclusión, cada nuevo informe sobre extremismo y cada nueva controversia judicial refuerzan entre sus simpatizantes la sensación de que existe una élite política decidida a impedir por medios administrativos lo que no logra evitar en las urnas.
Naturalmente, los defensores de la vigilancia responden que Alemania posee razones históricas excepcionales para mantenerse alerta frente a cualquier movimiento que pueda amenazar el orden democrático. La memoria del siglo XX sigue pesando enormemente sobre las instituciones alemanas. Pero precisamente por eso la situación actual resulta tan delicada. Los mecanismos concebidos para vigilar a grupos radicales relativamente pequeños empiezan a aplicarse a una formación que cuenta con millones de votantes, cientos de cargos públicos y una implantación territorial creciente.
Y volvemos a la frase del principio. «Estamos preparados para gobernar» no es la típica consigna aspiracional de cualquier partido, sino una declaración de que AfD ya se sabe mucho más que una fuerza testimonial de protesta.
Hace apenas diez años la gran pregunta era si AfD lograría sobrevivir. Hoy es qué pasará si gana unas elecciones regionales importantes, si supera el tercio del voto nacional, si los partidos del sistema se dan cuenta de que ya no pueden formar mayorías estables sin contar con ella, directa o indirectamente.
