La Unión Europea vuelve a avanzar en su agenda climática con un nuevo movimiento financiero que afectará de lleno a los hogares y a la movilidad privada. La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones han acordado movilizar 3.000 millones de euros para adelantar inversiones destinadas a la descarbonización de viviendas y del transporte por carretera, en el marco del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones, conocido como ETS2.
El nuevo mecanismo permitirá a los Estados miembros acceder a financiación anticipada antes incluso de que el sistema entre en vigor en 2028, cuando comenzará a recaudar ingresos mediante nuevos costes energéticos y de transporte para los ciudadanos. En la práctica, se trata de prefinanciar políticas climáticas que más adelante serán sufragadas a través del encarecimiento del consumo energético y de la movilidad.
Según Bruselas, los fondos se destinarán principalmente a la sustitución de sistemas tradicionales de calefacción y refrigeración por alternativas «limpias», así como a la reducción forzada de la demanda energética en viviendas y edificios. Todo ello bajo el discurso de una «transición climática justa», pese a que estas medidas implican reformas costosas que muchos hogares no pueden asumir sin ayudas públicas.
El comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, defendió el plan asegurando que servirá para «reducir las facturas energéticas y de transporte» mediante el impulso de bombas de calor y del vehículo eléctrico. Sin embargo, el propio diseño del ETS2 prevé gravar el uso de combustibles fósiles en hogares y automóviles, trasladando nuevos costes a familias y trabajadores.
El programa también contempla subvencionar el transporte público, la movilidad compartida y la expansión del coche eléctrico, así como el despliegue masivo de infraestructuras de recarga. Un modelo que, en la práctica, penaliza el vehículo privado tradicional y condiciona la movilidad a las directrices climáticas fijadas desde Bruselas.
El acuerdo deja abierta la puerta a ampliar aún más la dotación económica en fases posteriores y forma parte del paquete de medidas con el que la Comisión Europea pretende blindar la implantación del ETS2. Un nuevo paso en la estrategia climática comunitaria que refuerza el control regulatorio sobre la energía, la vivienda y el transporte, con un impacto directo sobre la vida cotidiana de millones de europeos.
