El Parlamento danés aprobó el jueves pasado, sin una fuerte oposición, una ley que eleva la edad de jubilación a 70 años a partir de 2040, frente a los 67 años actuales. Esta ambiciosa medida contrasta con uno de los argumentos que más habían utilizado distintos gobiernos de esta nación para justificar la entrada masiva de inmigrantes: el de que vienen a pagar las pensiones. Sin embargo, las cifras revelan una realidad muy distinta.
El nuevo texto legal, respaldado por 81 parlamentarios frente a 21 votos en contra, establece que las personas nacidas después del 31 de diciembre de 1970 deberán continuar en el mercado laboral hasta los 70 años para acceder a la jubilación completa. En Dinamarca, desde la reforma del sistema de pensiones en 2006, la edad para retirarse se ajusta automáticamente a la esperanza de vida y se revisa cada lustro. Según este mecanismo, se prevé que en 2030 se sitúe en 68 años, y en 2035 alcance los 69.
La medida pretende garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones ante el envejecimiento progresivo de la población danesa. Pero, al mismo tiempo, ha reavivado el debate sobre el papel que juega la inmigración en la presión que sufre este modelo social.
Los últimos informes revelan que un porcentaje significativo de inmigrantes procedentes de países de mayoría musulmana accede a la jubilación anticipada con mucha más frecuencia que los daneses nativos. En concreto, el 67% de los inmigrantes mayores de 50 años originarios de países como Irak, Somalia, Afganistán, Líbano, Argelia o Turquía ya se ha acogido a este derecho, frente a sólo el 11% entre los daneses de la misma franja de edad. El caso de los iraquíes es especialmente llamativo: el 65% de ellos opta por dejar de trabajar antes de la edad oficial.
Este desequilibrio ha encendido las alarmas entre varios partidos políticos. La diputada danesa Sólbjørg Jakobsen expresó su preocupación en redes sociales: «No podemos quedarnos de brazos cruzados», escribió. Por su parte, formaciones como la Alianza Liberal han exigido una revisión urgente del régimen de jubilación anticipada, cuestionando su viabilidad frente a estos datos.
