En los debates sobre la Inteligencia Artificial (IA) los profesores se muestran preocupados porque los alumnos puedan copiar los trabajos gracias a ella y los directores, guionistas y actores porque les pueda sustituir un algoritmo. Pocos en cambio parecen darse cuenta de que la IA ya se está aplicando en actos políticos, y no por parte de los malvados «populistas» que buscan engañar a la gente con mentiras, sino por gobiernos respetables, entregados a combatir la «emergencia climática» y amables con las empresas financieras.
El diario británico The Telegraph está publicando una serie de reportajes sobre la censura en las redes sociales durante la pandemia y, en especial, durante los confinamientos, ordenada por el Gobierno de Boris Johnson.
Según los documentos obtenidos por el periódico gracias a la ley sobre libertad de información (Freedom of Information), el Gobierno de Johnson estableció una Unidad Contra la Desinformación, que se mantiene bajo el Gobierno de Rishi Sunak, y está adscrita al Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes. Esta unidad revisaba los mensajes, las opiniones y los datos que los ciudadanos dejaban en redes sociales como Facebook y Twitter, y que contradecían las consignas y las versiones declaradas «respetables» por el Gobierno y sus «expertos». Y lo hacía sin ninguna supervisión judicial.
El Gobierno también estableció la Unidad de Respuesta Rápida para responder a los mensajes en Internet y redes sociales que se considerasen desinformación, manipulación o alarmismo. Para completar este «Ministerio de la Verdad», durante seis meses de 2020 existió una especie de consejo contra la desinformación (Counter-Disinformation Policy Forum), del que formaban parte funcionarios, consejeros del Gobierno, un directivo de la BBC y representantes de las big tech, el establishment universitario y diversos lobbies, cuyos nombres se desconocen.
Este comité era el enlace entre la Unidad contra la Desinformación y las empresas, con las que estaba en contacto permanente para señalar mensajes en las redes sociales que luego Twitter y Facebook borraban o cuya visibilidad limitaban. Twitter, entonces controlada por directivos progres hasta que Elon Musk la compró en octubre pasado, sólo eliminó menos de la mitad de los tuits señalados por los censores.
Para que un mensaje hiciera saltar las alarmas de estos censores y de su IA bastaba que destacara la inutilidad de inocular las llamadas vacunas del COVID en los jóvenes y los niños o sostuviera que los confinamientos y las mascarillas eran inútiles para impedir la expansión de los contagios, tal como luego se ha confirmado. Tanto a la IA como a los funcionarios censores les daba igual que quienes escribieran esos mensajes fueran ciudadanos normales o profesores y médicos hasta entonces prestigiosos.
En la campaña también participaron la cadena de televisión pública BBC y la empresa Google. A ninguno de sus directivos se les ocurrió que estaban colaborando con el Gobierno para restringir las libertades de expresión y de información de los ciudadanos.
El político conservador David Davis, cuyos tuits estuvieron vigilados por los censores del Gobierno que él respaldaba, ha propuesto cerrar la Unidad Contra la Desinformación y someterla a una investigación parlamentaria. Y añadió que «el sector más paranoico del Gobierno está alterando la democracia».
El secretismo se mantiene hoy hasta el punto de que el Gobierno se niega a revelar la identidad de la persona que preside la Unidad, de la que sólo se sabe que es una mujer, que trabajó antes en anti-terrorismo y que sigue al frente de la máquina de censura.
En España, el Gobierno de Sánchez recurrió a militares, policías y guardias civiles para asustar a la gente y darle órdenes. Uno de estos, el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago, declaró que los informáticos del cuerpo perseguían las noticias falsas para desmentirlo y, también, «minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». ¿Emplearían también una IA?
Todo lo anterior demuestra que los gobiernos europeos compartieron no sólo la compra de las inyecciones de Pfizer y las imposiciones de confinamientos, sino también los mecanismos para perseguir a los que se atrevían a criticar sus medidas.
A diferencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, donde los Parlamentos y parte de la prensa están revelando los abusos de los gobiernos y sus ataques a los derechos de los ciudadanos durante la pandemia, en España se ha corrido un tupido velo sobre ellos. Seguramente las entregas periódicas de dinero público a los medios por parte del mismo Gobierno que confinó ilegalmente a los españoles, la última de ellas de 440 millones de euros, contribuyen a este silencio.
