El proyecto legal lleva por título «Ley para la represión de la criminalidad en las localidades gitanas».
El Gobierno eslovaco ha anunciado una reforma legal para combatir la criminalidad en poblaciones con alta presencia de población gitana y que pretende, entre otras medidas polémicas, crear una base de datos en función del origen étnico de los infractores.
El proyecto legal lleva por título «Ley para la represión de la criminalidad en las localidades gitanas».
La ley fue anunciada recientemente por el ministro del Interior, el socialdemócrata Robert Kalinak, en una rueda de prensa al aire libre escenificada en un asentamiento gitano en la localidad de Krompachy.
Kalinak avanzó que esta iniciativa legal modificará leyes ya existentes para introducir medidas como el registro de los delincuentes por criterios étnicos, crear patrullas ciudadanas de vigilancia, dar más competencias a la Policía e incluso prohibir a ciertas personas la residencia en determinadas áreas.
«No puedo aceptar ninguna ley que diferencia a los delincuentes por su origen étnico», ha señalado al respecto el responsable del Gobierno eslovaco para la comunidad gitana, Abel Ravasz, miembro de Most-Hid, el partido de la minoría húngara que forma parte del Gobierno tripartito.
Ravasz ha denunciado que este proyecto puede suponer una violación de derechos humanos fundamentales y ser discriminatorio y ha advertido de que la recogida de estadísticas por etnia no aporta nada al orden público.
Este alto cargo ha denunciado también que el Ministerio del Interior no ha contado con su departamento para redactar el nuevo texto legal.
De hecho, el Centro Europeo de Derechos para los Gitanos (ERRC, en sus siglas en inglés), considera que la iniciativa puede violar la Constitución.
«Es una tema de protección de datos y del derecho a la privacidad. Por supuesto creo que puede ser inconstitucional», explica a Efe Michel Zalesak, abogado eslovaco de esa institución, con sede en Budapest.
«No creo que haya una necesidad de esos datos porque la comisión de delitos no está relacionada con la etnicidad. Puede estar relacionada con algunas situaciones sociales que hay que atender. No se va a resolver nada recopilando datos étnicos de los criminales», denuncia.
«El ministro dijo que el 70 % de los crímenes son cometidos por gitanos. No tengo ni idea de cómo llegó a este número y es una alegación ridícula», cuestiona Zalesak.
Kalinak explicó durante su presentación que este proyecto incluirá enmiendas a la Ley del Cuerpo de Policía, a la Ley de Infracciones, al Código Penal y a la legislación social y sanitaria.
El ministro no descartó una enmienda constitucional que condicione la recepción de subsidios sociales a que los padres envíen a sus hijos al colegio o velen por su salud.
