El proyecto de ley sobre la eutanasia en Reino Unido infringirá las leyes de derechos humanos del país y el estado de derecho, ya que facultará al Gobierno para acabar con la vida de las personas.
Esta es la advertencia que ha hecho Dominic Grieve, quien fue el principal asesor legal del gobierno entre 2010 y 2014, y quien ha asegurado a The Times que prevé que varios aspectos del proyecto de ley sean bloqueados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Grieve es uno de los cinco exfuncionarios legales del gobierno que han enviado una carta a todos los diputados británicos instándolos a votar en contra del proyecto que quiere legalizar la eutanasia y que se vota este viernes.
En esa misiva, a la que ha tenido acceso The Times, advierten de que el proyecto tendrá «implicaciones graves» para el poder judicial en el Reino Unido y avisa de que no otorga a los jueces el derecho de abstenerse en casos de muerte asistida, a diferencia de los médicos, quienes sí podrán objetar por motivos de conciencia.
La nueva ley busca permitir que una persona con una enfermedad terminal, y cuya expectativa de vida sea inferior a seis meses, pueda poner fin a su vida con la aprobación de dos médicos independientes y la autorización de un juez del Tribunal Superior. Los médicos serán quienes proporcionan la medicación letal, pero esta tendrá que ser administrada por el propio paciente, quien debe ser capaz de hacerlo por sí mismo. Los defensores del proyecto argumentan que estas restricciones y controles estrictos son salvaguardas suficientes contra la coerción para acabar con la vida.
Sin embargo, Grieve afirma que el proyecto no sólo despenalizará el suicidio asistido si es finalmente aprobado, sino que lo proporcionará como un «servicio estatal«. Esto infringiría las obligaciones del Reino Unido bajo el CEDH, ya que el convenio prohíbe a los estados privar intencionalmente a un individuo de su vida, salvo en una lista limitada de excepciones que no incluyen la eutanasia.
La citada misiva también se refiere a fallos previos del Tribunal de Estrasburgo que establecen que despenalizar la eutanasia infringiría la obligación del Estado de proteger a los pacientes de presiones y abusos, a menos que se implementen salvaguardas adecuadas y apropiadas. Según los firmantes, el proyecto «no ofrece dichas salvaguardas«.
También critica que define de manera «demasiado estrecha» la presión a la que pueda verse sometida un solicitante, limitándola a la ejercida por «otra persona». Y es que un informe de la ONU sobre la muerte asistida y la discapacidad concluyó que las personas pueden sentirse presionadas por «barreras actitudinales, así como por la falta de servicios y apoyos adecuados» para acabar prematuramente con sus vidas.
Además, advierte Grieve, la falta de cuidados paliativos para un gran número de personas en el Reino Unido implica que la opción de recurrir a la eutanasia pueda no ser «verdaderamente libre», lo que violaría el derecho a la vida consagrado en el CEDH.
«Ningún gobierno que respete el estado de derecho habría presentado este proyecto, y dado que el estado de derecho no es un complemento opcional, el gobierno no puede esconderse tras la neutralidad para no expresar su opinión sobre su forma. Debería tener el coraje de decir claramente que, aunque puede ser neutral en cuanto al principio de la muerte asistida, debe oponerse a este proyecto por razones relacionadas con el estado de derecho«, denuncia Grieve.
En su carta a los diputados, los cinco exfuncionarios legales advierten de «graves preocupaciones» sobre el proyecto y aseguran que la norma pondrá a los jueces en un rol «sin precedentes», no para resolver disputas, sino para servir «meramente para certificar que la decisión de un individuo de terminar con su vida cumple con la ley«. «Esa función entra en conflicto fundamentalmente con los principios judiciales, socavando el propósito mismo del poder judicial», añaden.
Por su parte, los defensores de la ley argumentan que la votación del viernes será sólo el primer paso de un largo camino y que «la legislación se mejorará» durante las etapas posteriores.
