El sistema judicial británico ha dado un paso más hacia el doble rasero con la aprobación de una nueva directriz del Consejo de Sentencias que insta a los jueces a considerar el origen étnico de los delincuentes antes de dictar sentencia. En un documento publicado el miércoles, el organismo judicial establece que los magistrados «normalmente deberían considerar» la elaboración de un informe previo a la sentencia para aquellos acusados que provengan de una «minoría étnica, cultural y/o religiosa«.
Sin embargo, no se exige la misma consideración para delincuentes de otros grupos étnicos, lo que ha desatado una gran controversia y ha sido calificado como una “justicia de dos velocidades” por diversos sectores políticos y judiciales.
El sesgo del nuevo sistema
Los informes previos a la sentencia, elaborados por el servicio de libertad condicional, proporcionan información a los jueces que podrían inclinar la balanza a favor de sanciones más leves, como la suspensión de la condena o la sustitución de la prisión por trabajos comunitarios. En otras palabras, la directriz abre la puerta a que delincuentes de ciertas minorías puedan evitar el castigo de la cárcel con más facilidad que el resto de los ciudadanos.
El secretario de Justicia en la sombra, Robert Jenrick, ha sido tajante en su denuncia: «Es completamente escandaloso y establece un doble estándar judicial. Con esta norma, el sistema judicial de Two-Tier Keir (en referencia al líder laborista Keir Starmer) se encamina hacia un sesgo antiblanco y anticristiano«.
Incluso dentro del gobierno británico hay quienes han manifestado su descontento con esta reforma. La secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, envió una carta al Consejo de Sentencias instándolo a revocar estos cambios y expresó su «disgusto» por la nueva orientación judicial.
«Las directrices actualizadas de hoy no reflejan ni mis opiniones ni las de este gobierno», ha declarado. «Como alguien de origen minoritario, no puedo respaldar ningún trato diferenciado ante la ley para nadie. No habrá justicia de dos niveles bajo mi supervisión», ha asegurado.
Otros factores atenuantes que benefician a ciertos delincuentes
El sesgo de la nueva directriz no se detiene en la etnicidad. También establece que los jueces deben considerar estos informes previos en caso de que el acusado sea una mujer, tenga entre 18 y 25 años, enfrente su primera condena de prisión o una pena de dos años o menos, esté embarazada o en período postnatal, o sea la principal persona a cargo de un familiar dependiente.
Además, la norma extiende este beneficio a personas que se identifiquen como transgénero, sean adictas a drogas o alcohol, padezcan enfermedades crónicas o hayan sido víctimas de abuso doméstico, esclavitud moderna o manipulación.
El Consejo de Sentencias aclaró que esta lista no es exhaustiva y que los jueces aún pueden ordenar estos informes incluso si el acusado no entra en ninguna de estas categorías. Sin embargo, el patrón es claro: la tendencia a favorecer a ciertos grupos por encima del resto.
Un nuevo golpe a la justicia igualitaria
La nueva directriz, que entrará en vigor el 1 de abril, representa una modificación sustancial de las pautas anteriores sobre condenas comunitarias y de prisión. Según el Consejo de Sentencias, la norma busca enfatizar el papel clave de los informes previos en las decisiones judiciales.
El presidente del Consejo, William Davis, defendió la medida: «Una sentencia adecuadamente ajustada a las circunstancias individuales del delincuente y del delito tiene la mayor probabilidad de ser cumplida con éxito».
Esta directriz sigue la línea del Consejo de Sentencias de abril de 2023, cuando pidió a los jueces considerar penas más indulgentes para delincuentes que provengan de entornos «desfavorecidos» o «difíciles».
Por primera vez, la norma estableció que factores como la pobreza, la baja educación, la experiencia de discriminación o la falta de vivienda estable deben ser considerados como atenuantes en las condenas. En aquel momento, el entonces secretario de Justicia, Alex Chalk, advirtió de que esta orientación era «paternalista», «imprecisa» y que corría el riesgo de convertir la falta de recursos en una excusa para cometer delitos.
Con esta nueva reforma, la justicia británica parece avanzar aún más en la erosión de la igualdad ante la ley, favoreciendo a determinados grupos mientras desprotege al resto de la población.
