La Justicia británica priorizará a mujeres y minorías étnicas frente a hombres blancos a partir de mañana martes. Gracias a un sistema llamado «two-tier justice» y diseñado por el Gobierno laborista de Keir Starmer, ciertos grupos pasarán a recibir un tratamiento judicial diferenciado «en nombre de la equidad y la inclusión». La decisión ha generado una tormenta política en Westminster, donde se acusa al Ejecutivo de romper con el principio fundamental de igualdad ante la ley.
El cambio parte de las nuevas directrices emitidas por el Consejo de Sentencias de Inglaterra y Gales, que recomiendan a los jueces solicitar informes previos a la sentencia (conocidos como PSR, por sus siglas en inglés) cuando el acusado pertenezca a una minoría étnica, cultural o religiosa. También se aplicará a mujeres, personas embarazadas y jóvenes adultos de entre 18 y 25 años.
Según el presidente del Consejo, el magistrado William Davis, el objetivo de estas recomendaciones es ofrecer a los tribunales información más detallada sobre las circunstancias personales de los acusados, lo que —a su juicio— permite dictar condenas más adecuadas y potencialmente más efectivas. Davis ha insistido en que los PSR no determinan la sentencia final, pero sí permiten entender mejor los contextos sociales, familiares o psicológicos del acusado.
La nueva política ha sido recibida con gran escepticismo por parte de la mayoría de la sociedad. El exministro Robert Jenrick criticó duramente esta iniciativa en la Cámara de los Comunes, denunciando que supone «una inversión del Estado de derecho» y una forma encubierta de justicia selectiva. «¿Por qué la secretaria de Justicia respalda un modelo que favorece a unos sobre otros? Nosotros creemos en la igualdad ante la ley. ¿Ella no?», preguntó retóricamente.
Shabana Mahmood, actual secretaria de Justicia y miembro del Partido Laborista, replicó que no hay intención alguna de institucionalizar un sistema desigual. «Como mujer perteneciente a una minoría étnica, no puedo aceptar que se imponga un trato distinto. Bajo mi responsabilidad no existirá un sistema de doble rasero en la aplicación de justicia», afirmó con rotundidad.
No obstante, la polémica no ha hecho más que crecer, especialmente porque estas nuevas guías también establecen que las mujeres embarazadas o madres de bebés deben evitar la prisión siempre que no sea absolutamente inevitable. En delitos con penas mínimas obligatorias, el embarazo y el posparto podrían ser considerados como «circunstancias excepcionales» para suavizar o incluso anular la condena.
Organizaciones feministas como Level Up o No Births Behind Bars han celebrado esta última parte de la reforma como un avance significativo. Janey Starling, portavoz de Level Up, lo calificó de «hito histórico», mientras que la abogada Liz Forrester destacó que «por fin se reconoce el impacto devastador que la cárcel puede tener en las mujeres embarazadas y sus hijos».
Sin embargo, los críticos advierten que estas medidas podrían derivar en una justicia parcial que dejará atrás a quienes no pertenecen a los colectivos protegidos. En particular, los hombres blancos sin condiciones atenuantes temen recibir condenas más severas bajo un sistema judicial que, en nombre de la inclusión, podría estar abandonando la imparcialidad.
