El asesinato de un profesor por mostrar unas caricaturas de Mahoma en clase se convirtió en 2020 en uno de los símbolos más crudos del avance del islamismo radical en suelo europeo. Cinco años después, la respuesta judicial a aquel crimen vuelve a situarse en el centro del debate. El lunes, un tribunal de apelaciones francés redujo las penas de tres hombres condenados por su implicación en la decapitación del docente Samuel Paty.
La decisión afecta de manera directa a quienes facilitaron materialmente el atentado. Naim Boudaoud y Azim Epsirkhanov, amigos del autor material, habían sido condenados a 16 años de prisión por su colaboración con el terrorista. En el juicio quedó acreditado que ambos acompañaron a Abdoullakh Anzorov en los preparativos del ataque: le ayudaron a comprar un cuchillo y un arma de airsoft y lo trasladaron en coche hasta las inmediaciones del instituto donde trabajaba el profesor. Su intervención resultó clave en la logística previa al crimen. Tras la apelación, sus penas quedan reducidas a seis y siete años de cárcel, respectivamente.
La revisión también beneficia a Brahim Chnina, padre de una alumna del centro. Chnina desempeñó un papel central en la campaña de señalamiento contra el docente. Difundió en redes sociales y en vídeos publicados en internet acusaciones contra Paty, aseguró que había mostrado caricaturas «pornográficas» del profeta y pidió su destitución. Esa campaña contribuyó a amplificar el señalamiento público del profesor antes del asesinato. Su condena pasa ahora de 13 a 10 años de prisión.
En cambio, el tribunal ha mantenido intacta la pena de 15 años impuesta al activista islamista franco-marroquí Abdelhakim Sefrioui. Sefrioui participó activamente en la difusión de vídeos y mensajes contra el profesor, reforzando la acusación de blasfemia y amplificando la presión pública sobre él, aunque no se probó una conexión directa con el autor material del atentado.
El asesinato fue ejecutado por Anzorov, islamista radical de 18 años y origen checheno, que decapitó al profesor a plena luz del día en las inmediaciones del centro educativo. Minutos después fue abatido por la Policía en un tiroteo.
La Fiscalía de Francia había solicitado que se elevasen hasta los 20 años de prisión las condenas impuestas a Sefrioui y Chnina al considerar insuficientes las penas impuestas inicialmente. Para la Fiscalía, su actuación no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso que generó un clima de hostilidad creciente en torno al profesor.
La reducción de las penas a varios de los implicados vuelve a situar en el debate público la respuesta judicial frente al yihadismo y el alcance de la responsabilidad penal de quienes, sin empuñar el arma, contribuyen a crear el clima, la logística y la señalización que hacen posible un atentado de esta naturaleza.
