Un informe internamente difundido y recogido por medios especializados, como European Conservative, sitúa a la Swedish Migration Agency —autoridad encargada de decisiones sobre asilo, permisos de residencia y ciudadanía— en el centro de una controversia por la composición y cultura interna de su plantilla. Según fuentes con décadas de experiencia en la agencia, la mayoría de sus cerca de 6.000 empleados procede de entornos no suecos, y muchos no tienen nacionalidad sueca, una situación que, aseguran, viene condicionando la dinámica interna y las decisiones administrativas.
Las mismas fuentes señalan que dentro de la agencia se forman grupos lingüísticos y redes de afinidad basadas en orígenes compartidos o incluso lealtades familiares o de clan, lo que influiría en la tramitación de permisos de residencia, de trabajo y otros expedientes sensibles. Estas prácticas, afirman, se han normalizado hasta el punto de ocurrir «sin temor a consecuencias internas«, una acusación que pone en cuestión los criterios de neutralidad y legalidad en la gestión migratoria.
Una fuente citada en el reporte afirma que los empleados «hablan su propio idioma entre grupos y colegas, por lo que no entiendes lo que se dice entre ellos», un fenómeno que —dice— ha introducido una mentalidad de clan en la operativa diaria del organismo. Además, se reportan incidentes como cantos con connotaciones políticas o culturales en áreas comunes del personal, lo que refleja —según los testimonios— afinidades ideológicas, no profesionales entre algunos empleados.
La agencia sueca, responsable de aplicar la política migratoria oficial, ha estado bajo escrutinio desde la crisis de refugiados de 2015, cuando se evidenciaron debilidades estructurales que, según críticos, persisten en la gestión y supervisión internas. La dependencia de personal extranjero en una institución clave para la soberanía y control fronterizo es un punto de debate creciente en Suecia, donde la política de asilo y migración ha generado tensiones políticas y sociales.
El caso también ha atraído atención internacional reciente, con países como Canadá incluyendo a Suecia en una categoría de alerta de viaje similar a la de Turquía o Marruecos, citando aumentos en violencia urbana y riesgos para la seguridad, fenómenos que vinculan, al menos en parte, a las presiones migratorias que afronta la sociedad sueca en la última década.
