El campo neerlandés ha ganado la batalla contra su némesis, el primer ministro Mark Rutte: tras meses de acoso a los granjeros —responsables de que Países Bajos sea el segundo mayor exportador de alimentos del mundo—, a muchos de los cuales ha expropiado o forzado a vender sus tierras, ha presentado al fin su dimisión al rey de Países Bajos.
Rutte llevaba 17 años al frente de gobiernos de coalición casi imposibles en Países Bajos. El cuarto, en el que estaba hasta ahora, era una frágil coalición formada por su Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), los demócratas liberales, los demócratacristianos de la CDA y la centrista Unión Cristiana. Tardaron la friolera de diez meses para formar esta coalición, que ha durado menos de 18.
La inmigración ha sido, aparentemente, lo que ha dado la puntilla a esta extraña coalición, llevando a diferencias irreconciliables. Pero hay otras cosas, como la crisis de la vivienda o el encarecimiento de los combustibles y la inflación, pero de un modo u otro todas estas circunstancias tienen una relación visible con la política migratoria neerlandesa.
«No es ningún secreto que los partidos de la coalición piensan de manera muy diferente sobre la política de asilo y hoy lamentablemente tenemos que sacar la conclusión de que las diferencias son insalvables”, dijo Rutte en una conferencia de prensa. «La caída de un gobierno nunca es buena. Pero a veces es imposible en un país de coaliciones como los Países Bajos llegar a un acuerdo».
Aunque se espera que el número de solicitantes de asilo en 2023 sea similar al de 2022, alrededor de 45.000, Rutte y la CDA supuestamente abogaron por medidas más estrictas en un nuevo proyecto de ley que limitaría los derechos de reunificación familiar a los refugiados de países afectados temporalmente por guerra. Los demócratas liberales y, sobre todo, la Christen Unie no están de acuerdo, de modo que se llegó finalmente a la ruptura de negociaciones.
No es probable que la caída de Rutte vaya a solucionar el fondo de este problema, y mucho menos la disputa con los agricultores y ganaderos. En mayo, la Comisión Europea aprobó un plan presentado por el Gobierno para comprar miles de explotaciones agrarias con el fin de cumplir con los objetivos Natura 2000 de la UE para «proteger el medio ambiente». El plan ofrece a los agricultores el 120% del valor de sus granjas y podría cerrar alrededor de 3.000 explotaciones de «altas emisiones». El Gobierno holandés también tiene una propuesta para otorgar a los productores de leche, cerdos y aves de corral un trato por el 100 % del valor de sus granjas en caso de que decidan cerrar. La dimisión de Rutte abre una pausa en este proceso.
Habrá previsiblemente elecciones en noviembre, seguidas de otro período de formación de coaliciones en el fragmentado sistema multipartidista. Mientras tanto, el Ejecutivo actuará como un guardián y tendrá un poder de decisión limitado.
Una reciente encuesta de opinión realizada para el programa de actualidad EenVandaag sobre 18.000 personas revela que casi las tres cuartas partes de los encuestados consideran «inaceptable» el regreso de Rutte al Gobierno, mientras que el 83% tenía una mala opinión de su cuarto y último mandato.
