Siempre ha parecido un misterio la invasión del «capitalismo woke«, cómo las grandes empresas multinacionales se entregan descaradamente a la promoción de las ideas más radicales del progresismo, incluso cuando tal alineamiento perjudique aparentemente a su facturación. De siempre se ha dicho que lo único que quieren las empresas es aumentar su beneficio y su cuota de negocio, así que no resulta fácil explicar este continuado esfuerzo por irritar a sus clientes.
Esto es especialmente cierto referido a las tecnológicas, de quienes se ha denunciado por extenso su furia censora, ya se trate de los dogmas de la pandemia, de la guerra en Ucrania o de los transexuales. En su caso, la pérdida es más evidente porque la producen ellas mismas directamente al expulsar a los usuarios díscolos, e indirectamente haciéndolas mucho menos atractivas para quien busca espacios de expresión en libertad.
En el caso de Twitter, que llegó a expulsar al propio presidente de Estados Unidos en ejercicio y que acaba de censurar al responsable de Sanidad del Estado de Florida (una autoridad pública, contra la propia normativa de Twitter), muchos celebran anticipadamente la vuelta a la libertad de debate con la toma de control por parte de Elon Musk. Pero esto podría ser un mero espejismo, sencillamente porque las autoridades obligan a la red social a censurar, so pena de elevadísimas multas.
Como la Unión Europea. El pasado 5 de julio, ante la indiferencia general, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Servicios Digitales de la UE (LSD), que da a la Comisión Europea el poder de imponer multas de hasta el 6% de la facturación global a «grandes plataformas en línea o motores de búsqueda» que considere que no cumplan con sus requisitos de censura. Afecta a cualquier plataforma con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea.
La LSD se ha diseñado para actuar en combinación con el llamado (y presuntamente “voluntario”) Código de Prácticas sobre Desinformación de la UE, que se lanzó originalmente en 2018 para aplicar su disimulada censura y del cual Twitter, Facebook/Meta y Google/YouTube son signatarios.
Ahora, con la ley, ya no es muy voluntario y, de hecho, la legislación citada viene a ser su arma, su mecanismo de aplicación, y así lo ha reconocido la Comisión… en un tuit.
Ya oímos a Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, pedir en la ONU universalizar la censura en redes, y aunque esta mujer, que gobierna sobre poco más de cinco millones de personas, tiene un peso geopolítico casi nulo, está en este caso hablando por toda la clase política occidental. De hecho, en Bruselas le tienen ganas a las redes desde hace tiempo. La propuesta de LSD se presentó en diciembre de 2020 por la Comisión, que ya sabemos que en nuestro faro de la democracia el Parlamento pinta poco y menos. En concreto, la presentación del proyecto de ley coincidió con la autorización y posterior despliegue de las primeras vacunas contra el Covid-19 en la UE: el 15 de diciembre se dio a conocer la legislación y la primera vacuna contra el Covid-19, la de BioNTech y Pfizer, fue autorizada por la Comisión sólo seis días después. A partir de entonces, los escépticos o críticos de las vacunas se convertirían rápidamente en el objetivo principal de la censura en línea impulsada por la UE.
Seis meses antes, en junio de 2020, la Comisión ya había puesto el foco del Código firmemente en la supuesta “desinformación de la COVID-19” al lanzar el llamado Programa de Monitoreo de la Desinformación de la Lucha contra la COVID-19, en el que se esperaba que participaran todos los signatarios del Código. Ya se habían hecho algunos intentos de monitorear el cumplimiento del Código, y se esperaba que los signatarios presentaran informes anuales. Pero, como parte del programa de monitoreo de Covid-19, ahora se requería que los firmantes, «voluntariamente», por supuesto, presentaran informes mensuales a la Comisión específicamente dedicados a sus esfuerzos de censura relacionados con Covid-19. Posteriormente, el ritmo de presentación se redujo a bimestral.
La ley subordina directamente las plataformas en línea a la agenda de censura de la Comisión y les exige que la implementen so pena de multas ruinosas, al otorgar a la Comisión facultades “exclusivas”, (dictatoriales, a efectos de la realidad), para determinar el cumplimiento y aplicar sanciones. Para las plataformas en línea, la Comisión es juez, jurado y verdugo.
