Los padres en Escocia pronto podrían ser sentenciados a siete años de prisión si se niegan a permitir que sus hijos cambien de género según los planes propuestos por el Gobierno escocés.
El martes se lanzó una consulta pública sobre la legislación diseñada para poner fin a las prácticas de conversión tanto de orientación sexual como de «identidad de género» e incluye medidas generalizadas para criminalizar a los padres que se niegan a satisfacer el deseo de sus hijos no sólo de pasar por transiciones de género sino de identificarse como otro género, por ejemplo, vistiéndose como el sexo opuesto al real.
La iniciativa propuesta por la ministra de Igualdad, Emma Roddick, penalizaría el comportamiento «coercitivo» de los padres encaminado a «cambiar o suprimir» la identidad de género de un niño. «Coercitivo» implica, por lo demás, un campo muy amplio, y abarca desde un comportamiento «violento, amenazante o intimidante» hacia la víctima hasta «controlar las actividades cotidianas de la víctima» o «presionar a la víctima para que actúe de una manera particular». Es decir, básicamente comportarse como padres mínimamente responsables. Y basta que esta actitud de oposición se dé «en al menos dos ocasiones» para que se active la norma.
Y no es sólo que esta iniciativa sea objetivamente absurda y criminal; es que, además, la mayoría de los escoceses se opone a ellas por, entre otras cosas, desproteger los derechos de las mujeres.
A eso hay que sumar que la norma daría a activistas y trabajadores sociales plenos poderes para inmiscuirse en la vida íntima de las familias escocesas, que estarían siempre bajo sospecha y supervisión.
El izquierdista Partido Nacional Escocés (SNP) ha sido criticado por impulsar las políticas más enloquecidamente woke en cuestiones transgénero, la más reciente, la decisión del año pasado de eliminar el requisito de un diagnóstico médico de disforia de género para poder solicitar una certificado de reconocimiento para cambiar legalmente el género.
Las reformas también redujeron de dos años a tres meses el tiempo que un solicitante debe vivir en su género elegido antes de cambiarlo legalmente y redujeron la edad mínima a la que una persona puede solicitar un certificado de reconocimiento de género de 18 a 16 años.
