El domingo, en la localidad de Crowborough (East Sussex, Reino Unido), cientos de vecinos marcharon para protestar contra el plan del Gobierno británico de instalar a 540 inmigrantes ilegales en un antiguo cuartel militar, y durante la concentración se llamó abiertamente a los residentes a dejar de pagar el impuesto municipal como forma de presión.
La marcha formó parte de una serie de tres protestas impulsadas por los propios habitantes, respaldados por el grupo Crowborough Shield, ante el anuncio de que el Campo de Entrenamiento de Crowborough será cedido por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior durante doce meses para alojar temporalmente a estas personas. El Ejecutivo pretende así avanzar en el cierre de los hoteles de asilo repartidos por todo el país.
Los asistentes vistieron camisetas blancas y portaron pancartas mientras corearon «Envíenlos a casa«. La Policía de Sussex confirmó que la protesta discurrió sin incidentes y no registró detenciones.
Entre las voces más aclamadas estuvo la de Sarah White, activista de 40 años, conocida en la zona por haber sido arrestada —aunque posteriormente sin cargos— tras escalar un edificio del consejo para desplegar una bandera británica. La Sra. White confirmó a los presentes que ya había dejado de pagar su impuesto municipal porque, según afirmó, “a los concejales y a la policía no les importan” las inquietudes de los vecinos.
Recordó sus meses de protestas frente al Hotel Bell de Epping junto a decenas de residentes y lamentó que aquellas concentraciones no evitaran que “hombres indocumentados e ilegales” fueran alojados allí ni frenaran “los crímenes que se estaban cometiendo en nuestra comunidad”. Por ello animó a los manifestantes a adoptar la misma vía de presión: “He dejado de pagar mi impuesto municipal. Animaría a todo el mundo a que deje de pagarlo”.
La legislación británica establece que el impago del impuesto municipal puede derivar en sanciones, deducciones salariales o incluso pena de prisión.
El Ejecutivo británico asegura haber previsto medidas de seguridad en el recinto, como controles obligatorios de antecedentes a través de datos biométricos y vigilancia permanente las 24 horas. Sin embargo, el consejo del distrito de Wealden se ha mostrado contrario al proyecto. Su líder, James Partridge, recordó en una reunión de noviembre que los vecinos están “justificadamente muy preocupados” por la llegada de 540 hombres solos a un entorno sin actividad y con un alojamiento limitado.
