La titular del departamento, Nicole Belloubet, que esta tarde recibe por separado a los responsables sindicales, dijo querer «reanudar inmediatamente el diálogo».
Los sindicatos de funcionarios de prisiones bloquean decenas de centros penitenciarios en Francia para protestar por los problemas de seguridad, evidenciados por varias agresiones en las últimas semanas, y para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.
Hasta 120 cárceles tenían bloqueadas sus entradas esta mañana, según la central Ufap-Unsa, mientras que el Ministerio de Justicia redujo, en un comunicada, esa cifra a 15 de las 188 que hay en el país.
La titular del departamento, Nicole Belloubet, que esta tarde recibe por separado a los responsables sindicales, dijo querer «reanudar inmediatamente el diálogo», después de que éstos hubieran rechazado las propuestas que había hecho la Administración Penitenciaria en la ronda de discusiones abierta desde el día 13.
Se les ha propuesto la creación de 1.100 empleos suplementarios en cuatro años, el refuerzo de los equipamientos de seguridad y la puesta en marcha en algunas prisiones de secciones específicas para los internos violentos, que estarían «totalmente separados del resto».
El secretario general de la sección de prisiones de Fuerza Obrera, Emmanuel Baudin, justificó su rechazo porque ellos reclaman centros penitenciarios «específicos» para los presos radicalizados y porque consideran necesaria una revalorización salarial para atraer a más candidatos a la profesión.
En una entrevista a la emisora «France Info», Baudin contó que al comienzo de su carrera un vigilante destinado en la región de París tiene un sueldo de 1.400 euros mensuales netos.
La nueva ronda de negociaciones se abre en un ambiente enturbiado por una nuevo agresión a dos funcionarios en la cárcel de Longuenesse, en el norte de Francia, por parte de un preso que les atacó con la pata metálica de una mesa y les hirió en los brazos.
Según la administración penitenciaria, de las cerca de 70.000 personas encarceladas en Francia, 1.200 son objeto de seguimiento por radicalización.
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