El Gobierno italiano liderado por Giorgia Meloni ha aprobado esta semana un paquete de enmiendas para la recepción de los fondos europeos postpandemia que incluye la posibilidad de que las asociaciones provida puedan trabajar en las clínicas abortivas.
La medida fue aprobada el martes en la Cámara de diputados con 185 votos a favor, 115 en contra y cuatro abstenciones y será financiada por el Fondo de recuperación post pandemia de la UE, del que Italia es el mayor beneficiario, con 191.000 millones de euros.
En concreto, el texto aprobado señala que las clínicas de las regiones, a la hora de organizar los servicios, «pueden también recurrir, sin nuevas o mayores cargas para las finanzas públicas, a la participación de entidades que tengan una experiencia cualificada en el apoyo a la maternidad«.
Aunque la enmienda no modifica la Ley 194 —aprobada en 1978— que permite el aborto legal en Italia durante los primeros 90 días de embarazo, el ministro de Asuntos Exteriores y líder de Forza Italia, Antonio Tajani, ha defendido que «no hay que criminalizar a quienes están en contra del aborto«. «Es un tema que toca las conciencias. Creo que deberíamos dar la máxima libertad a todos. Las propuestas que se refieren a cuestiones de conciencia no son cuestiones de partido. Hay una ley en Italia que ciertamente no se puede cambiar. Siempre hemos permitido la libertad de conciencia en temas de este tipo. Creo que es correcto que cada uno se comporte según sus propias creencias y conciencia, pero no hay que criminalizar a quienes están en contra del aborto», ha detallado.
Meloni prometió en campaña electoral que no cambiaría la Ley 194, pero también aseguró que trabajaría para ofrecer a las mujeres alternativas al aborto. «Hemos dejado claro que no tenemos intención de cambiar la Ley 194 y que, por el contrario, queremos aplicarla en su totalidad, es decir, también en la parte que prevé un papel activo de las instituciones públicas para remover las causas económicas que pueden empujar a una mujer a abortar. Una parte que ha permanecido en gran parte sin aplicar. Más oportunidades y servicios para dar a las mujeres una alternativa a la tragedia del aborto», afirmó en una entrevista en Abc antes de convertirse en primera ministra.
La medida aprobada ahora va en la línea de lo prometido por Meloni: no modifica la ley italiana del aborto pero ofrece la posibilidad a las mujeres embarazadas de una alternativa que en este caso representarán las asociaciones provida que estén presentes en las citadas clínicas.
Sin embargo, la oposición se ha unido en críticas hacia la decisión del Gobierno denunciando que busca restar «derechos» a las mujeres. «Como siempre hace, casi a escondidas, presentando enmiendas al decreto del PNRR, la derecha intenta dar otro golpe a la libertad de las mujeres en materia de reproducción y aborto», ha afeado Francesco Boccia, portavoz en el Senado del Partido Democrático.
Por su parte, desde Fratelli d’Italia, el partido del Gobierno, el diputado Manlio Messina ha defendido la aprobación de las enmiendas como una nueva «oportunidad» para las mujeres, especialmente para «aquellas que muy a menudo se ven obligadas a abortar porque no tienen apoyo económico». «Entiendo que moleste a la izquierda en sus siniestras políticas de muerte«, ha añadido.
La ley 194 ya preveía en su artículo 2 la participación de las asociaciones, ONG y voluntarios en los procesos de aborto. Sin embargo, la norma se refería a «la colaboración voluntaria de formaciones sociales de base adecuadas y de asociaciones de voluntariado, que también pueden ayudar en casos de maternidad difícil después del nacimiento». Con la citada enmienda, todo apunta a que el Gobierno italiano busca dar un paso más y ayudar con financiación a estas asociaciones.
La norma tiene que ser ahora aprobada en el Senado, donde Meloni también tiene mayoría.
