Andrea Pucci, uno de los monologuistas más conocidos de la televisión italiana y habitual en programas de gran audiencia, ha renunciado a copresentar el Festival de Sanremo después de una campaña de insultos y amenazas en redes sociales por sus chistes contra la ideología woke. La retirada ha provocado una reacción inmediata de la primera ministra, Giorgia Meloni, que ha denunciado un «clima de intimidación y odio» y ha alertado de la «deriva iliberal» que, a su juicio, impulsa la izquierda cultural en Italia.
Pucci, cómico milanés con una larga trayectoria en espectáculos en directo y colaboraciones televisivas, fue elegido por la radiotelevisión pública RAI como uno de los rostros del certamen musical más importante del país. Sanremo no es un programa más: es el mayor evento televisivo anual en Italia y un escaparate nacional con enorme impacto social y político.
El humorista celebró su designación con una imagen provocadora junto al mar, en las inmediaciones de Sanremo. La fotografía, fiel a su estilo irreverente, dividió opiniones. Sus detractores aprovecharon el momento para reactivar críticas por antiguos chistes considerados políticamente incorrectos, lo que desembocó en una oleada de ataques digitales que terminó forzando su salida.
Meloni reaccionó con dureza. Consideró alarmante que en 2026 un artista se vea obligado a abandonar su trabajo por la presión ambiental generada en su contra. Enmarcó lo ocurrido en una batalla cultural más amplia y sostuvo que el episodio confirma una tendencia preocupante en determinados sectores de la izquierda italiana.
El caso afecta de lleno a la RAI, equivalente italiana a RTVE. Desde la llegada de Meloni al poder en 2022, la oposición ha denunciado cambios en la dirección del ente público y lo ha apodado TeleMeloni. El Ejecutivo responde que ha corregido un sesgo previo claramente alineado con posiciones izquierdistas. La polémica con Pucci ha reavivado ese debate.
El choque cultural no se limita al ámbito del entretenimiento. En los últimos meses, el Gobierno ha impulsado iniciativas para limitar la introducción de la ideología de género en las aulas y ha reforzado la prohibición de la gestación subrogada, que desde 2024 constituye delito incluso si se realiza en el extranjero. También se ha permitido la presencia de asociaciones que apoyan la maternidad en centros de asesoramiento sobre el aborto.
